Con este proyecto de acto legislativo esperan que los delitos cometidos por policías y militares en el marco del conflicto armado sean juzgados por una sala penal militar y no por la Justicia Especial para la Paz. Además quieren entregarles algunos beneficios, explicó la colectividad.
El proyecto fue radicado en la secretaría del Senado este miércoles por el expresidente y senador Álvaro Uribe, en compañía de los congresistas Thania Vega de Plazas, Paloma Valencia y Alfredo Rangel.
¿En qué consiste el proyecto? Busca que ese tribunal especial conozca en primera instancia los procesos contra miembros de la Fuerza Pública aforados, y “sean juzgados por su juez natural, la Justicia Penal Militar”, dijo Uribe. El senador aseguró que “para respetar el orden institucional de la justicia colombiana que ha querido acabar la JEP, esa sala penal militar estaría en la Corte Suprema de Justicia”.
“Hay que sacar a los militares de la JEP para que no sean igualados con los terroristas en esa jurisdicción que es absolutamente paralela e inconstitucional”, agregó Alfredo Rangel.
¿Qué beneficios tendrán los militares? Después de que los militares hayan estado cinco años presos podrán acceder a la libertad condicional. La diferencia fundamental con la JEP, según el Centro Democrático es que los miembros de la Fuerza Pública “serían juzgados de manera imparcial sin que tengan que reconocer delitos no cometidos”.
Esto porque, como lo vienen sosteniendo, muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas van a reconocer crímenes que no han cometido para no correr el riesgo de ir a la cárcel porque en la JEP se les advierte que “si confiesan el delito no van a la cárcel. Si no aceptan el delito corren el riesgo del juicio, que puede terminar con una sentencia de 15 a 20 años de cárcel, o puede terminar con una absolución”, indicó Uribe.
“Es un proyecto que acabaría con la incertidumbre en la que viven los militares y los policías de Colombia cuando se sienten igualados con los terroristas y saben que no han tenido otra opción que ir a la JEP. Entonces este es un proyecto para que ellos realmente tengan jueces que conozcan de la Justicia Penal Militar, jueces que hayan estado activos en operaciones”, agregó Thania Vega, esposa del Coronel Alfonso Plazas Vega, condenado, y hoy en libertad, por sus actos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
¿Qué casos juzgaría? La subsala de la Corte Suprema de Justicia tramitaría todos los casos acontecidos desde el primero de enero de 1980 hasta el momento que entre en vigencia la ley, e impondría penas máximas de hasta cinco años de cárcel. Entre esos delitos entrarían los falsos positivos.
También vería los casos de los militares que ya hayan cumplido cinco años de prisión, para que en ese caso fueran liberados.
“No es un proyecto de impunidad sino de justicia, y que hace justicia también a las víctimas que crea una justicia imparcial, objetiva, para juzgar a los militares para que no sean juzgados por magistrados con claras tendencias, ideologías y afinidades de izquierda. Hay que sacar a los militares de esa jurisdicción que está dominada por el mamertismo nacional e internacional y no tiene ningún tipo de neutralidad”, señaló Rangel.
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¿El tribunal es permanente? Sería transicional y tendría una vigencia de 12 años.
¿Quiénes lo conformarían? Militares activos y retirados que cumplan los requisitos para ser magistrados. Falta establecer los mecanismos de elección de esos integrantes.
¿Qué pasará con los casos que ya han sido juzgados por la JEP? Las sentencias que ya se han emitido para miembros de la Fuerza Pública que se sometieron a la Justicia de Paz serían anuladas. “Pero aquellos militares que están disfrutando de la libertad esperando la JEP, no van a perder ese beneficio”, completó Uribe.
“Lo que se busca con el proyecto es devolverle a las Fuerzas Armadas la garantía del Fuero Penal Militar que le da a los policías y militares la posibilidad de ser juzgados por personas que saben lo que es un operativo, que saben lo que es un combate y que pueden tener experticia en el Derecho Internacional Humanitario. Se trata de sacar a relucir la honra y el buen nombre de las Fuerzas Armadas”, puntualizó Paloma Valencia.
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