La mujer fue capturada por uniformados de la Sijín de la Policía en las instalaciones de una corporación sin ánimo de lucro, en Medellín, en donde finge como directora y trabaja con programas sociales destinados a las comunas de Manrique, Aranjuez y La Candelaria.
No obstante, la Fiscalía reveló en un informe que Mara Yuli Toro Castaño “sería la jefe política y la encargada de finanzas de la organización criminal ‘la Terraza’, vinculada a la estructura ‘La Oficina’,” y que usaba esa corporación “como fachada para dar apariencia de legalidad a los dineros recaudados en actividades ilícitas como extorsiones a los residentes, comerciantes y transportadores” de esas zonas de la ciudad.
La Policía agrega en un comunicado que esta mujer manejaba el dinero de extorsiones y les entregaba cuentas a varios excabecillas de ‘la Oficina de Envigado’ y de ‘la Terraza’ que están recluidos en varias prisiones, y que por eso portaba “una cédula de ciudadanía y una tarjeta profesional de abogado falsas, que utilizaba para ingresar a los reclusorios” y poder pasar desapercibida.
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Las autoridades vinculan a Toro Castaño con criminales como alias ‘Pichi’, ‘Saya’, ‘Kenner’ y ‘Barney’, y en un operativo que se adelantó el martes le encontraron una suma de dinero en una caja fuerte que no ha podido justificar, indicó Noticias Caracol.
El Colombiano cita fuentes judiciales para advertir que esta mujer es “la cónyuge de Elkin Fernando Arroyave Cárdenas, alias ‘Vikingo’, un mando medio de ‘la Terraza’” que se entregó a las autoridades y que purga una condena de cuatro años por delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
Además, dice que es hermana de Juan Fernando Toro Castaño, conocido como ‘Fresita’ o ‘Juanfe’, un antiguo cabecilla que fue asesinado hace seis años.
La ONG que representaba Toro Castaño trabaja en proyectos con una escuela infantil, un comedor comunitario, una asociación de buses y un programa de adultos mayores, y según el medio regional ha tenido “apoyo de recursos del Presupuesto Participativo de la Alcaldía” de Medellín.
Con este material probatorio la Fiscalía le imputó delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento público, argumentos con los que solicitó medida de aseguramiento.
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