Así lo informó el propio comandante de la Tercera División del Ejército, general Marcos Mayorga, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
“La población civil se vino con unas 300 personas en asonada. La tropa, para evitar choques innecesarios con la población, se retiró del sector y ellos recuperaron los cadáveres de los 2 bandidos”, apuntó en esa emisora el general Mayorga.
Los sujetos habrían muerto en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo armado ‘Carlos Patiño’, perteneciente a miembros de disidencias de las Farc que operan en Cauca, agregó esa frecuencia radial.
Entre tanto, el alcalde de El Tambo, Cauca, Carlos Vela, detalló en diálogo con W Radio que las autoridades ya tienen conocimiento del caso y que se activarán los protocolos correspondientes para aclarar la situación.
No es el primer caso de comunidades del Cauca que intimidan al Ejército
El departamento del suroccidente del país es uno de los más difíciles para el control de las autoridades. Particularmente, como dice Caracol Radio, por la gran presencia de grupos armados ilegales involucrados en el narcotráfico.
Ese medio reportó, el pasado 23 de septiembre, la expulsión de militares por parte de campesinos de Balboa, Cauca. En esa ocasión, el Ejército, citado por la emisora, detalló que se trataba de ciudadanos utilizados o hasta amenazados por los grupos armados ilegales para intimidar al Ejército.
Este es el lugar en el que ocurrieron los hechos de este jueves:
Esos hechos fueron repudiados por el secretario de Gobierno del Cauca, Luis Angulo, quien dijo a esa emisora que iba a iniciar diálogos con los líderes de la región para acabar con las intimidaciones contra los militares.
El pasado primero de julio, El Espectador reportó otra asonada de campesinos en Cauca contra soldados del Ejército Nacional. Ese caso se presentó en el corregimiento San Juan de Micay en Argelia, Cauca.
Algunos voceros campesinos dijeron, a ese periódico, que expulsaron a los militares porque estos estaban erradicando cultivos ilícitos y esto era un obstáculo en el programa de sustitución voluntaria liderado por el Gobierno Nacional.
“Llevamos dos años esperando una salida de sustitución voluntaria, pero no se ha generado la confianza para poder avanzar. La gente quiere salir de la ilegalidad, nadie quiere vivir en una problemática de estas, pero eso no es de la noche a la mañana”, dijo a esa publicación uno de los campesinos locales.
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