El dato lo dio el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que explicó que esos “tratamientos especiales” para los agentes del Estado son “la renuncia a la persecución penal, el régimen de libertades”.
Pero aclaró que están condicionados a la existencia de un compromiso claro de sometimiento al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como a una contribución eficaz, visible con la satisfacción de las víctimas.
En una declaración en la Corte Constitucional, en el debate sobre la amnistía e indulto, el Ministro también solicitó que los beneficios se mantengan para miembros de la Fuerza Pública, con el compromiso de que ellos contribuyan a los derechos a las víctimas.
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Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y tendrá una vigencia de diez años una vez las salas y secciones comiencen a operar, y se podrá prorrogar por cinco años más.
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad.
Las penas alternativas, de 5 a 8 años de prisión, serán para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra
Y, por último, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de prisión, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.
EFE
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