Los dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación detenidos accedían a la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) para vender y/o alterar la información de procesos, investigaciones, anotaciones, antecedentes judiciales a petición de particulares.

Mientras tanto, las otras personas se dedicaban a conseguir los ‘clientes’ recaudar los pagos y hacer la entrega de la información, señaló la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas.

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Se conoció que los funcionarios, aparentemente implicados, tasaban la suma a cobrar de acuerdo con la urgencia y dificultad para obtener la información; así habrían llegado pedir entre $100.000 y $2.000.000″.

La Fiscalía detalló que los pagos se realizaban en efectivo o por medio de giros, y los datos se entregaban “por teléfono, correo electrónico, mensajería de texto o personalmente”.

El ente acusador pedirá medida de aseguramiento contra los detenidos, y les imputará seis cargos:

  • Cohecho por dar u ofrecer
  • Cohecho propio
  • Concierto para delinquir
  • Falsedad ideológica en documento público
  • Fraude procesal
  • Violación de datos personales

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