Un decreto del presidente, que afecta al país y no solo a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, “prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal. También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela”, indicó el texto.
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Esos bonos eran, hasta ahora, la principal fuente de financiación del gobierno de Nicolás Maduro. Según explicó The New York Times, PDVSA representa el 95 % de los dólares que ingresan a la economía de Venezuela, y entre las empresas que suelen comprar los bonos hoy prohibidos por Trump están BlackRock, T. Rowe Price, Fidelity, JPMorgan Chase y Ashmore. Eso, traducido a palabras simples, implica que el dinero que entrará a Venezuela por cuenta de su petrolera será mucho menor.
El mismo medio dice que a pesar de la crisis por la que pasa Venezuela, los inversores extranjeros nunca dejaron de comprar bonos para la petrolera estatal, ya que el gobierno, ni siquiera en los peores momentos, ha dejado de cumplir con los pagos que le corresponden, precisamente para no dejar que su petrolera entre en crisis.
Varios expertos coinciden al señalar que los países que venden este tipo de bonos, a pesar de cualquier dificultad política o económica, no suelen incumplir sus deudas, con lo que evitan roces (o problemas mucho mayores) con quienes invierten en los mencionados bonos.
La presión para que inversionistas estadounidenses dejaran de comprar estos bonos aumentó luego de que la firma Goldman Sachs comprara bonos de PDVSA por 2.800 millones de dólares en mayo, en medio de la crisis política venezolana. Los papeles fueron comprados con una rentabilidad prometida del 38 % promedio. La empresa se defendió diciendo que no tuvo contacto alguno con el gobierno venezolano, sino que la compra se hizo a través de un intermediario.
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