En Cataluña
El líder catalán, Carles Puigdemont, aseguró que luego de la victoria del sí se trasladarán los resultados al Parlamento de Cataluña para que se implementen y se declare la independencia de forma unilateral en los próximos días.
Si eso se formaliza, hay varios aspectos que cambiarían para sus ciudadanos. El artículo 11 de la Constitución española establece que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad” y que “se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley”.
Pero el caso de los catalanes puede enmarcarse en el artículo 24 del Código Civil en el que se aclara que “pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero” y que “la pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación”.
El siguiente aspecto se enfoca en poder pertenecer o no a la Unión Europea, puesto que los tratados internacionales dejarían de aplicarse en ese territorio si se hace efectiva la secesión.
“Al menos en un primer momento, no podrían ser parte, ya que para eso tendrían que haber firmado tratados de adhesión y que sea aceptada por el resto de los miembros, algo que Cataluña no ha hecho. Aunque sigan todos los pasos necesarios para adherirse en el futuro, todo indica que sus probabilidades de éxito son mínimas. La razón principal es que cualquier miembro pleno tiene la capacidad de bloquear las negociaciones”, y España puede interponerse, explica Infobae.
Pero la Unión Europea es solo uno de los organismos internacionales en los que deberá atravesar procesos de admisión que pueden tardar varios años. También están Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La economía sería otro de los sectores más afectados puesto que Cataluña quedaría por fuera del mercado común. “Eso significa que sus bienes de exportación pasarían a pagar altas tasas aduaneras, lo que evidentemente implicaría una dramática caída de las ventas al exterior, explica el portal.
Los clubes de fútbol de esa región también se verían afectados, puesto que la Ley del Deporte no les permitiría competir en las diferentes divisiones de fútbol profesional de España.
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En España
La economía española también tendrá efectos pues la región catalana es el motor económico del país. España “pasaría de la quinta a la sexta posición por PIB de la UE al perder 411.210 millones de euros anuales”, según datos de HSBC citados por RTVE. Si se incrementa la incertidumbre generada por el referendo se “podría afectar la confianza de los agentes y la financiación” de los bancos.
En lo que se refiere a su población, se enfrentaría a una “disminución territorial del 6,3 %, pasando de una superficie de 505.944 km a tener 473.854 km. Además, perdería 7 millones y medio de habitantes, por lo que su población de 46,4 millones de habitantes sería de 39 millones”, informa Hispan TV. Esto representaría una reducción en la contribución fiscal y pensiones.
En cuanto a infraestructura, hay algunos espacios que generan beneficios en todo el territorio nacional. Entre estos, algunos puertos y el aeropuerto de El Prat, el segundo más activo del país, con cifras muy cercanas a las del aeropuerto de Barajas en Madrid, agrega el medio.
Adicionalmente, la frontera con Francia se reduciría a la mitad y perderá cientos de kilómetros de costa para explotar en turismo, por no mencionar la pérdida cultural del enorme patrimonio catalán.
Para solucionar la crisis, España podría optar por aplicar el artículo 155 de su Constitución, que da luz verde a “adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley”. Llegar a ese punto “podría suponer la asunción temporalmente de algunas o todas las competencias de una comunidad autónoma por parte del gobierno central”, señaló la BBC.
Por su parte, el principal partido de oposición en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le pidió a Rajoy que dialogue con el gobierno catalán, porque esto “podría implicar una reforma constitucional que profundice en el federalismo, más prerrogativas para las autonomías, o incluso que se establezca un futuro referéndum pactado”, agregó el portal.
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