La intervención del gobierno español se basa en el artículo 155 de la constitución, que dice textualmente:

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Los requisitos están cumplidos: según El País, la votación de este viernes en el Senado para la aplicación del citado artículo obtuvo una mayoría aplastante, ya que de los 262 senadores, 132 respaldaron la iniciativa, mientras que apenas 47 votaron en contra y solo un legislador se abstuvo de votar. Eso implica que el Senado le dio luz verde al Gobierno.

Dicho eso, surge la duda de qué podría hacer el Gobierno al intervenir a Cataluña. Antena 3 nombra varios puntos específicos que podrían aplicarse cuando el gobierno del presidente Mariano Rajoy se ponga manos a la obra. Estos son algunos de los más destacados:

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  1. El Gobierno podrá suspender las funciones del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, de su vicepresidente y de los integrantes del consejo de gobierno.
  2. El presidente Mariano Rajoy asumirá las funciones del presidente de Cataluña y podrá decretar la disolución del parlamento catalán o el fin de la legislatura. También podrá convocar a elecciones autonómicas (solo para Cataluña) en un plazo de 6 meses.
  3. Los órganos que designe el gobierno de Madrid podrán dar instrucciones a los Mossos d’esquadra (la policía autónoma de Cataluña), las cuales son de obligatorio cumplimiento. También podrá sustituir a los mossos en caso de ser necesario.
  4. El poder Ejecutivo asumirá el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña.
  5. El Estado podrá sancionar a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña que no se acojan a las medidas, las cuales se mantendrán en vigencia hasta la elección de un nuevo gobierno en la Comunidad Autónoma.

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