“En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rasgó ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.
Borges instó a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.
“La inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos”, sostuvo, y anunció que la cámara “desconoce” a la corte.
Maduro habló brevemente en la televisión estatal durante una condecoración a diplomáticos, sin pronunciarse sobre la situación.
El opositor preso Leopoldo López pidió en Twitter retomar la protesta en las calles para “desconocer la dictadura y rescatar la democracia”.
Hago un llamado a la organización y a la calle con un solo foco: desconocer la dictadura y rescatar la democracia a través del voto popular
— Leopoldo López (@leopoldolopez) March 31, 2017
La oposición anunció protestas a partir del sábado, mientras que diputados protagonizaron una refriega con militares frente al tribunal y pequeñas manifestaciones se realizaron en Caracas.
“Modelo autoritario”
Los analistas advierten sobre un “autogolpe” o un avance hacia un “modelo autoritario”.
“Esto es parte de un golpe que se ha ido gestando con medidas que fueron cerrando todas las puertas a la oposición para que cumpla el papel para el que fue elegida” en el Congreso, señaló Paul Hare, de la Universidad de Boston y exdiplomático británico en Venezuela.
“Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe”, comentó a la AFP Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del entonces presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.
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Una semana antes de la reunión de la OEA, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
La última sentencia del TSJ también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público “sin la aprobación de la Asamblea”, pero al declarar “omisión legislativa”, la corte indicó que no existe “impedimento”.
Esto resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016.
Maduro intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de bienes básicos y una inflación proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.
Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que de gobernadores debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
AFP
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