De acuerdo con la disposición de la Jefatura de Recursos Humanos, “se reitera a todos los servidores públicos, la obligación que tienen de concurrir a la institución los días hábiles de trabajo con vestimenta formal y discreta”.
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Entre las prendas vetadas están, entre otras, “jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, chamarras, chamarras de cuero, poleras (camisetas), minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas (deportivas)”.
El TC aceptó respetar la indumentaria propia de alguna nación indígena del país, pero el funcionario que la lleve deberá registrar su ropa ante la oficina de Recursos Humanos.
Tras la directiva, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, pidió “que se retire inmediatamente esa disposición” y anunció que, de no hacerlo, su despacho podría iniciar una acción penal por “discriminación”.
“Exigir (sobre el) escote tiene que ver con una mirada sexista, patriarcal, ahí el Tribunal Constitucional está exagerando en sus atribuciones”, subrayó.
Con AFP
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