El fallo del juez William Orrick, de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, supone un nuevo revés para el Gobierno de Trump, aunque no es definitivo y el Departamento de Justicia podría recurrirlo ante el tribunal de apelaciones del distrito noveno, instancia inmediatamente inferior al Supremo.
En la decisión, a la que accedió Efe, el magistrado determina que la orden ejecutiva que proclamó Trump en su primera semana en el poder, el 25 de enero, no puede ser ejecutada, porque de serlo, violaría la Constitución.
La ciudad de San Francisco y su vecino Silicon Valley, nombre con el que se conoce al condado de Santa Clara, habían demandado al gobierno de Trump por considerar que la orden ejecutiva del presidente causa un daño “irreparable” al pueblo estadounidense y al “tejido mismo” de su Gobierno.
Por ello, hoy el juez Orrick determinó que las entidades “han demostrado” que pueden sufrir un daño “irreparable” y, por ello, bloqueó la medida de manera temporal mientras estudia su contenido.
El bloqueo se produce a nivel nacional y afecta a todas las “ciudades santuario”, es decir, a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
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“Estas violaciones constitucionales no se limitan a San Francisco o Santa Clara, sino que también se aplican igualmente a todos los estados y jurisdicciones locales. Debido al alcance de la orden y a sus aparentes fallos constitucionales, un bloqueo a nivel nacional es apropiado”, determinó el juez.
Trump había amenazado con recortar fondos federales a las “ciudades santuario”, pero no había ejecutado aún esa medida.
No obstante, el Gobierno había dado varios ultimátum a las “ciudades santuario” para obligarlas a informar a los agentes migratorios del estatus migratorio de las personas que detienen con el fin de facilitar la deportación de aquellos inmigrantes que viven de manera irregular en EE. UU. o que han comedido algún crimen.
El último ultimátum se produjo el viernes pasado, cuando el Departamento de Justicia amenazó con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no entregaban documentación para demostrar que estaban colaborando con las autoridades federales para facilitar la expulsión de inmigrantes.
Con EFE
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