La presentación de un informe que asegura que el fiscal argentino Alberto Nisman fue asesinado y no se suicidó reorienta la investigación de esa muerte dos años y medio después de aparecer con un tiro en la cabeza tras acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, de encubrir a terroristas.
La Gendarmería entregó este viernes al fiscal federal Eduardo Taiano un documento elaborado por una junta de especialistas policiales y peritos que establece que el fiscal fue asesinado en enero de 2015 en su apartamento de Buenos Aires.
Según informaron a Efe fuentes judiciales, Taiano, que fue quien encargó el informe para avanzar en si fue un homicidio o un suicidio, estudiará ahora la relevancia del documento, que supone una prueba más para añadir a la investigación.
Con base en las conclusiones, podrá solicitar al juez más medidas en torno a la causa, que actualmente está tipificada como “muerte dudosa”.
Investigaba a Cristina Fernández
Una de las circunstancias que rodearon a la elaboración de las pericias fue la recreación del escenario de la muerte del fiscal, el baño de su casa.
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Cuando apareció sin vida, el 18 de enero, Nisman llevaba casi dos décadas formando parte de la investigación del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires de 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune.
Apenas cuatro días antes de hallarse su cadáver, el fiscal, que desde 2004 -durante el mandato de Néstor Kirchner- dirigía la fiscalía especial para esclarecer el ataque, denunció a Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman por una presunta negociación con Irán para encubrir a los iraníes prófugos acusados del atentado.
No obstante, estaba a punto de comparecer en el Congreso para dar detalles sobre la denuncia, que tras su muerte pasó de ser desestimada por “inexistencia de delito” a ser reabierta a finales de 2016.
El secreto iraní
Nisman estaba convencido de que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno de Fernández aseguraba que era para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad encubrir a los acusados con el fin de mejorar la relación bilateral comercial, algo que la expresidenta siempre ha negado.
“Lo que revela esta acusación es que se ha terminado el Estado de derecho en la República Argentina y que los fiscales y jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada (sede del Gobierno nacional)”, dijo a la prensa el 8 de septiembre la exmandataria, que ahora es candidata a senadora y reitera sentirse víctima de una persecución política y judicial por esta imputación y otras, principalmente por delitos de corrupción.
Por otro lado, este miércoles, la diputada por el oficialista frente Cambiemos Elisa Carrió -también candidata a las elecciones legislativas del 22 de octubre y siempre polémica por sus denuncias por corrupción contra miembros de todo el espectro político- afirmó que fue el Gobierno kirchnerista el que “ordenó matar” al Nisman.
“No merece responder, es un disparate mayúsculo”, reiteró posteriormente Fernández, que advirtió que estas declaraciones son una “cortina de humo” para que no se hable del caso del joven Santiago Maldonado, cuyo rastro se perdió el 1 de agosto cuando supuestamente participaba de una protesta que fue reprimida por la Gendarmería.
La controversia arreció hasta el punto de que un legislador kirchnerista afirmó que el Ejecutivo de Mauricio Macri y la Gendarmería hicieron un pacto para que el cuerpo policial determinase que la muerte de Nisman fue un asesinato a cambio de protección desde el Gobierno en el caso Maldonado, algo que fue rotundamente negado desde el oficialismo.
“Veo que hay una sospecha generalizada de que algo vinculado con el Gobierno anterior puede haber habido, en el sentido de que el fiscal iba a denunciar al Gobierno”, expresó hoy la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, respecto al caso Nisman.
Hasta el momento, en la causa por el fallecimiento, que en todo este tiempo ha sufrido constantes idas y vueltas judiciales hasta acabar hace un año en el fuero federal, el de mayor competencia del país, solo está imputado el colaborador informático de Nisman Diego Lagomarsino, por prestarle el arma que acabó con su vida, que asegura le pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas.
El informático, cuya figura es muy criticada por la familia de Nisman y su relación con el difunto procurador -con quien se descubrió tenía cuenta bancaria en Estados Unidos- es cuestionada por la propia expresidenta, había presentado un recurso judicial contra la conformación de la junta pericial, que finalmente fue rechazado.
No obstante, fuentes de la Fiscalía señalaron a Efe que aún falta que entreguen su informe los expertos establecidos por la defensa de Lagomarsino que participaron en las pericias ordenadas por Taiano.
EFE
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