Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de esos 8 jueces de la Sala Constitucional.

La fiscal pidió a la Sala Plena del TSJ un “antejuicio de mérito”, por estimar que esos magistrados cometieron delito de “conspiración” contra el sistema democrático.

“No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, denunció Ortega.

El lunes, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su “parcialidad” ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras que dejan 67 muertos en dos meses y medio.

Ortega calificó de “irregular” el proceso por el cual fueron designados esos magistrados, y lo señaló como una causa de que haya “grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional y el Estado de Justicia y de Derecho”.

Los adversarios de Maduro han acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal profundizan la fractura del chavismo y la crisis institucional que vive el país desde que la oposición asumió el control del Legislativo en enero de 2016.

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Este martes, el Parlamento aprobó la creación de un comité que recibirá las postulaciones para magistrados, aunque sus decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que lo declaró en desacato desde el inicio de la legislatura.

Mientras, la oposición continúa con su agenda de protestas, y convocó a un plantón el miércoles y a movilizaciones para apoyar los recursos de la fiscal.

Enredo institucional

La fiscal pidió a los jueces señalados inhibirse de conocer su solicitud de antejuicio y solicitó la separación inmediata de sus cargos, al advertir que “corre peligro la Nación”.

Ortega reiteró que el TSJ, a través de la Sala Constitucional, rompió “el orden constitucional” con los fallos de fines de marzo con los que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad de los diputados. “Prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional”, explicó.

Aunque el TSJ dio marcha atrás a esas dos decisiones en menos de 48 horas tras el pronunciamiento de la fiscal y la crítica internacional, quedó encendida la chispa de las actuales protestas que exigen la salida del poder de Maduro.

“No puede ser que se desmantele el Estado (…) por caprichos”, agregó Ortega, al enfatizar que es intolerable que el TSJ elimine instituciones del Estado porque “no le gustan”.

El constitucionalista Juan Manuel Raffalli aseguró que “se está armando un enredo importante”, pues la fiscal pidió también la inhibición de los 33 magistrados que impugnó el lunes.

“Su estrategia es desnudar la falta de institucionalidad del TSJ”, subrayó.

Ortega reiteró este martes su rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque fue convocada por Maduro sin consultarlo en referendo, como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez -fallecido en 2013- para la Carta Magna de 1999.

La oposición considera un “fraude” con el que Maduro pretende perpetuar al chavismo en el poder y llamó a apoyar a la fiscal.

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