A través de su cuenta de Twitter, Capriles escribió:

El dirigente opositor había alertado previamente de que podía ser inhabilitado por una investigación en su contra que adelantaba la Contraloría General de Venezuela por unas supuestas irregularidades durante su gestión de la gobernación de Miranda.

El pasado 11 de enero Capriles señaló que había sido citado por la Contraloría porque, según dijo en ese entonces, el gobierno de Nicolás Maduro quiere “enlodarlo” con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

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Sin embargo, un día después aclaró que fue citado por casos relacionados con el manejo de recursos en su Gobernación y no con el caso de Odebrecht tal como había señalado el día antes.

El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo entonces que Capriles tiene “responsabilidad” en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más de su gobernación y remarcó que estos procedimientos no guardan relación con el escándalo de Odebrecht.

Horas después de ese mismo día, Capriles informó de que había sido multado y el pasado miércoles señaló que su recurso contra la multa de 40.000 bolívares fue rechazado.

El miércoles también indicó que fue multado por aceptar donaciones de las embajadas de Polonia y Reino Unido que usó para financiar un programa de “paz escolar” y edificar una cancha deportiva en los Valles del Tuy.

El gobernador acusó entonces al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de querer inhabilitarlo para cargos de elección popular para así “elegir cuál es la oposición en Venezuela”.

Según explicó Capriles en otras oportunidades, las supuestas irregularidades tienen que ver con la “reconducción del presupuesto”, “dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña”, un contrato televisivo, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios y otros por el “ejercicio económico financiero en 2011”.

Su abogado, Rafael Chavero, calificó el 12 de enero el proceso iniciado contra el opositor de “manipulación jurídica” y aseguró que tenía como fin “fabricar una responsabilidad administrativa” para mantener al gobernador contra la pared y bajo la amenaza de la inhabilitación sin que previamente se realice un proceso judicial.

Con EFE

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