“Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones“, apuntó García en una carta leída a periodistas por su secretario, Ricardo Pineda.
El exgobernante rechazó, además, que exista alguna “prueba o depósito” que lo vincule “a ningún hecho delictivo”, y dijo que las informaciones propaladas en los últimos días sobre presuntos actos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht “son solo rumores y especulaciones, que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas”.
García, quien permanece en su casa del distrito limeño de Miraflores desde que abandonó la residencia del embajador uruguayo en Perú, agregó en su comunicado que “asistirá con puntualidad” a las citaciones de la Justicia y que espera que las versiones sobre una presunta “detención arbitraria” sean falsas.
El Gobierno de Uruguay negó el asilo diplomático pedido por García por considerar que “en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y especialmente el Poder Judicial”, según declaró el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
García solicitó el asilo el 17 de noviembre, pocas horas después de que un juez le prohibiera abandonar Perú por 18 meses dado que reside en España desde 2016 y un fiscal lo investiga por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Los sobornos ascendieron a 24 millones de dólares, según la declaración de un ejecutivo de la compañía a fiscales, de los que presuntamente 14 millones fueron para altos funcionarios del Gobierno de García.
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