Ortega deberá comparecer ante el máximo tribunal de justicia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno-, que iniciará a las 10 de la mañana locales la audiencia en la que determinará si Ortega incurrió en “falta grave” que amerite su remoción.
Antes de que ella tome la palabra para defenderse, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentará su solicitud de antejuicio para la fiscal, a quien acusa de “mentir” al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.
Pero la audiencia podría sufrir alteraciones porque la fiscal recusó a 17 magistrados de la Sala Plena; en tanto que el TSJ tiene previsto emitir antes una declaración sobre “temas de interés nacional”.
Apoyada por la oposición y chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de la “ruptura del orden constitucional”, que denunció tras fallos del TSJ que minaron al Poder Legislativo, bajo control opositor.
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“No descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades”, prometió esta abogada de 59 años, en un mensaje al país en víspera de la audiencia.
La arremetida del gobierno en su contra caldeó aún más la profunda crisis política e institucional del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas opositoras, que dejan 89 muertos.
La “orteguización” del chavismo
En lo que llamó la “hora cero” que marcará una “rebelión” masiva y simultánea contra Maduro, la oposición convocó el 16 de julio a un plebiscito simbólico contra una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, dos semanas antes de la elección de sus miembros.
En abierto desafío al gobierno, la fiscal emprendió una batalla contra esa Constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
“Me dan asco los traidores y traidoras que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salgan a apoyar a los violentos (opositores), porque subestiman al pueblo”, dijo Maduro.
Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle a Maduro “la fuente de legitimidad que da Chávez”, lo que llevaría a una mayor fractura en el chavismo y lo dejaría “muy debilitado”.
“Esa gente va con todo contra quien se lo oponga, por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le ‘orteguice’ lo que le queda del régimen”, declaró Salamanca a la AFP.
Carreño pidió también al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega y, a petición suya, el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes.
Como preámbulo a la audiencia, el TSJ consideró en “desacato” a Ortega al anular el lunes la citación que hizo contra dos generales de la Fuerza Armada, acusados de violar derechos humanos durante las protestas.
Vinculada también al oficialismo, la Contraloría inició una auditoría al señalar a la gestión de Ortega de posibles irregularidades administrativas.
Radicalización de la crisis
Analistas dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución sólo puede decidirla el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio en la crisis.
De pie y con nutridos aplausos, los opositores la recibieron el lunes en el hemiciclo parlamentario, desde cuya tribuna Ortega llamó a luchar por “la restitución” de la democracia y el Estado de Derecho.
Pero aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición tomó el control parlamentario en enero de 2016.
“Estamos ante un intento de golpe de Estado en contra de la fiscal, al querer removerla del cargo fraudulentamente. Esto pondrá más en evidencia el uso político del TSJ y la fractura del bloque estatal de poder”, dijo a AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El politólogo chavista Nicmer Evans, férreo crítico de Maduro, consideró el antejuicio “absolutamente ilegal, ilegítimo, írrito y atentatorio de la división de poderes”.
Intentando contragolpear, la fiscalía pidió información a Estados Unidos sobre dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, condenados en ese país por narcotráfico.
“Se vislumbra la radicalización de la crisis y la desaparición de la precaria gobernabilidad. Nos aproximamos a un Estado fallido”, sentenció Hernández.
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