Y es que entre los cambios que el Presidente quiere introducir al Acuerdo de Paz con las Farc está que los exguerrilleros de las Farc no puedan hacer política si no han pagado pena de prisión por sus crímenes.

Timochenko (que podría ir en el 2022) e Iván Márquez podrán invocar el llamado principio de favorabilidad (el procesado tiene el derecho de escoger el juez y la ley que más lo favorezca) para beneficiarse de la pena alternativa del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, ente que juzgará los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado).

Si el presidente Duque logra meter otras de sus iniciativas, la prohibición de la amnistía para el narcotráfico y el cambio de las penas alternativas por cárcel para los exguerrilleros, esto tendrá solo un efecto simbólico, porque por el mismo principio de favorabilidad “los exguerrilleros de las Farc que por el Acuerdo de Paz fueron amnistiados o que podrían serlo mantendrían su amnistía, así se endureciera la norma”, dice el portal La Silla Vacía en una nota que publicó antes de la primera vuelta y que mantiene su vigencia.

Sobre sacar a los policías y militares de la JEP, La Silla Vacía dice que cientos de ellos han venido quedando libres gracias a decisiones de la JEP, y que preferirían una pena corta, así fuera en igualdad de condiciones con los exguerrilleros, que una más larga en la justicia ordinaria.

Estos son apenas unos de los ejemplos que enfrentará el Presidente para llevar a la práctica los ajustes al Acuerdo de Paz con las Farc, que han sido interpretados por sus críticos como “quererlos hacer trizas”. Su posición sobre los principales temas quedó plasmada en una entrevista que concedió a El Tiempo, después de su triunfo en la primera vuelta presidencial.

Para La Silla Vacía, los cambios que quiere introducir Duque golpean la médula del Acuerdo porque, y cita al abogado de las Farc Enrique Santiago, quien dice que “ningún grupo insurgente hace la paz para quedar excluido de la política ni para que los encarcelen por asuntos relacionados con la financiación de la guerra que no sean crímenes internacionales”.

“(…) A Duque le quedaría el camino de promover las reformas constitucionales que necesita para deshacer los actos legislativos que incorporaron en la Constitución lo acordado”, dice La Silla Vacía.

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Esas reformas constitucionales las podría tramitar vía Congreso que ya controla (con la adhesión de los mismos partidos de la Unidad Nacional que apoyaron a Santos), aunque queda la duda de si algunos de ellos, como el Partido Liberal, que fue férreo defensor de los acuerdos, apoyará su desmonte.

Suponiendo que las reformas constitucionales se gesten en el Congreso, los límites que pueden tener esas modificaciones están fijados por el Acto Legislativo 02 del 2017, norma constitucional que obliga a tener el Acuerdo Final de Paz como parámetro de interpretación y referencia de validez de normas que lo desarrollen e implementen; se suma a lo anterior el amparo de las sentencias de la Corte Constitucional, según explica Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

“Las modificaciones deben hacerse bajo el principio de buena fe en cumplimiento de lo acordado y, al mismo tiempo, deberá sujetarse al principio de progresividad en derechos humanos (esto es lograr el avance, la efectividad de los derechos, no su retroceso) lo cual implicará que cualquier variación deberá respetar y mejorar el desarrollo del Acuerdo, y a su vez se deberá realizar un pacto para abstenerse de crear normas jurídicas contrarias a él”, dijo Burbano.

La Corte Constitucional será la que decida si las modificaciones respetan o no ese marco.

Además del efecto que pueden tener las iniciativas de Duque en una eventual retoma de las armas por parte de algunos guerrilleros, también podría haber un efecto internacional.

“El Acuerdo se firmó como un acuerdo especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, su texto se incluyó en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Estado realizó una declaración unilateral obligándose a su cumplimiento. Modificar el Acuerdo sería técnicamente una forma de irrespetar ese compromiso que hizo Colombia frente a las demás naciones representadas en la ONU. Según pudo averiguar La Silla, esto no acarrearía ninguna sanción económica, pero la ONU podría sacar una resolución equivalente a una sanción moral”, agrega.

Vea en La Silla Vacía los demás temas relacionados con los acuerdos de paz y el efecto que tendrían los ajustes que pretende introducir el presidente Duque, como las tierras compradas de buena fe, las fumigaciones y la erradicación de los cultivos ilícitos y las instituciones creadas para el agro en el marco de los acuerdos de paz.

Si tiene tantas dificultades, el presidente Duque también podría estar tentado a convocar una asamblea constituyente (que a lo largo de la campaña descartó y que para muchos, como la que propuso Petro, es un salto al vacío), y si tuviera éxito en hacerla, “hay el riesgo de que los colombianos democráticamente decidan no reconocer el Acuerdo Final”, dice Burbano.

He aquí un resumen de algunos de los cambios que quiere introducir el presidente Duque en el Acuerdo de Paz con las Farc:

–  Que los responsables de delitos atroces paguen pena de privación efectiva de la libertad, así no sea en una cárcel, y no una pena alternativa.

–  Que los exguerrilleros no puedan hacer política si no han pagado su pena de prisión.

–  Que los denominados agentes del Estado (militares, policías y funcionarios) no sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, la instancia que juzgará los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado), sino por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia.

–  Que el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político, y por lo tanto no sea amnistiable.

–  Que se proteja a los compradores de buena fe de tierras que fueron arrebatadas a sus propietarios originales por actores del conflicto.

–  Imponer la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y retomar la fumigación aérea.

–  Que se acaben las instituciones del agro que se han creado en el marco de los acuerdos de paz y, en cambio, fortalecer el Ministerio de Agricultura y crear incentivos para que la agroindustria genere empleos formales para los campesinos (lo que Petro ha criticado por no crear pequeños propietarios sino jornaleros y capataces).