En el caso de las universidades públicas, el proyecto de ley no prevé cómo se va a compensar lo que dejan de recibir.
La senadora Nadia Blel, autora del proyecto para acabar con el cobro de derechos de grado, dice que lo que se busca es que los estudiantes solo paguen el costo de la emisión del diploma.
“Queremos que el derecho de grado sea inherente al logro académico una vez cumplidos todos los créditos, todos los requisitos… para cada estudiante”, dijo Blel a Blu Radio.
En Colombia, el costo de los derechos de grado oscila entre $ 100.000 y $ 800.000, e incluye, según la universidad, el pago por revisión de las notas de toda la vida académica del estudiante (para establecer si reúne los méritos académicos y créditos), la ceremonia de grado, diploma, alquiler de auditorio, actos artísticos, etc.
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Pero la discusión sobre los derechos de grado también destapa otros cobros exagerados adicionales. Dentro de estos, por ejemplo, está la expedición de certificados de notas caros, cuando los costos en los que incurren se limitan al acceso de una base de datos en un computador, la impresión en un papel común y corriente y un sello.
El temor de que las universidades carguen los derechos de grado al valor del semestre y lo difieran a lo largo de la carrera es justificado, porque esto se ha convertido en una fuente de ingresos.
En respuesta a esta inquietud, Blel dijo que “estamos vigilantes” y vamos a “contemplar qué medidas adicionales podremos tomar dentro del proyecto de ley” para que este no vaya a ser un costo adicional.
El presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), Adolfo León Atehortua, dijo a Blu Radio que comparte que no se cobren los derechos de grado, pero manifestó su inquietud por la forma en que se van a remplazar estos ingresos en las universidades públicas.
Atehortua reconoció que las universidades privadas pueden encontrar formas de recuperar estos ingresos, por ejemplo cargándoselo al costo del semestre.
Los mecanismos que pudiera incluir la ley para evitar que los gastos de grado se incluyeran en el valor del semestre resultarían poco efectivos por la existencia de la autonomía universitaria, que les permite fijar estos costos.
Las instituciones solo tienen que presentar al Ministerio la justificación de los incrementos, incluso sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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