La iniciativa busca que “se pague la indexación sobre los incrementos salariales pagados tardíamente y se reconozcan los intereses de mora”, dijo Garrido Prada a El Espectador.

En otras palabras, exige el pago por la mora de tres meses en el pago de ese incremento a más de un millón de funcionarios que se debió aplicar en enero. En la acción judicial se destaca que la demora en el incremento del salario de esos trabajadores ha afectado su poder adquisitivo debido a la reforma tributaria.

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Lo curiosos de esta acción de cumplimiento es que, como registra el diario capitalino, el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, a quien le correspondió el caso, se declaró impedido porque “como funcionario público no podría actuar en el proceso, por lo que el caso será asignado a un grupo de conjueces para resolver la acción”.

La acción es contra el presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Liliana Caballero Durán, agrega El Espectador.

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