“La decisión de los juzgados además quita brillo a la imagen de Colombia como un país atractivo para la inversión”, afirma ese medio, que equipara la condena de 4,7 billones de pesos impuesta por un tribunal de arbitramiento en contra de ambas compañías con el dinero total de inversión de las empresas de telecomunicaciones en el país.

El Economista también buscó la opinión de analistas internacionales sobre esta histórica condena, que sería impugnada por Telefónica (Movistar) y por Claro, y la principal afirmación es que –tras la misma– Colombia va a perder ese rótulo de país moderno y que arropa a los inversionistas de otras partes del mundo.

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“Es muy duro, porque es pelear con dos empresas muy grandes que manejan servicios esenciales, que generan alto empleo, pago de impuestos y que tienen una alta capacidad de inversión, y puede que también es mala señal para otros inversores”, afirmó a ese medio Gustavo Fontanals, analista telecomunicaciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, señala que lo más posible es que ambas compañías buscarán negociar, demorar los pagos y hasta alegar cambios de leyes en la decisión que las afecta.

El Economista, por su parte, dice que la millonaria condena también tiene contentos a algunos funcionarios del Gobierno y de la sociedad colombiana porque la consideran un triunfo de la legalidad. Sin embargo, alerta, “habrá que tener cuidado de que el corto tiempo no termine siendo un fracaso para el despliegue de redes e infraestructura”.

En días recientes se conoció que una de las compañías que trabaja con más fuerza en la defensa del fallo es Telefónica, que envió un documento a la Comisión Nacional española del Mercado de Valores (CNMV) en el que señala, entre otras cosas, lo siguiente:

“Telefónica se encuentra analizando las implicaciones de dicho laudo y las vías de impugnación a nivel local e internacional”.

Durante un encuentro posterior con analistas, el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, dijo que la indemnización podría “obviamente” afectar “potencialmente” al proceso de recapitalización de su filial colombiana.

No obstante, es “demasiado pronto” para decir “cuál podría ser el potencial impacto”, añadió el ejecutivo, para quien la medida “no favorece las inversiones en el sector de las telecomunicaciones en Colombia”.

Cabe recordar que el tribunal impuso la condena contra ambas compañías para que se compense en concepto de bienes, equipos e infraestructuras que en 1994 instalaron para la prestación del servicio de telefonía móvil y que debían revertir al Estado colombiano transcurrido un plazo temporal.

Con EFE.

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