Ayer (martes) se inició la presentación de la ponencia negativa para que el proyecto sea archivado. Entre las razones se destacan algunas expuestas por el ponente de la iniciativa, el representante Carlos Guevara, en torno al tema de las firmas y de los servicios que incluyó Uber para ser legalizados con su plataforma.

“Hubo 3 millones de firmas y, según la Registraduría, un millón 700 mil avaladas. Eso quiere decir que hay un mensaje claro hacia el Congreso, un mensaje claro hacia el Gobierno, que algo está pasando, que se tiene que reformar y que se tiene que regular”, explicó el congresista a Blu Radio.

Otra de las razones que expone es que al proyecto no se le puede cambiar ni una coma, entre otras cosas, porque a nivel legal, cuando se trata de una iniciativa ciudadana, el Congreso solo puede aprobarla o negarla. Y esta iniciativa no solo se enfoca hacia el transporte privado de pasajeros.

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“También se mete en otros sectores: el de la carga, el de servicios de entrega, servicios de mensajería y esto conllevaría, no solamente a un caos en estos sectores, sino a la destrucción de empleos formales que hoy existen en el país”, explicó Guevara.

El Congresista puso el ejemplo de la labor que presta la empresa Servientrega, que paga impuestos, y que se vería afectada porque si Uber también ofrece el servicio un camión, de cualquier tipo, podría prestar el servicio de entrega, de envío y hasta de trasteos.

“Se les ha dicho a ellos (a Uber) bienvenidas las plataformas, como debe ser porque no podemos darle la espalda al mundo al nivel tecnológico, pero que cumplan las condiciones mínimas de regulación en el país. Aquí no sabemos cuántos vehículos opera hoy Uber”, sostuvo el congresista.

Y dijo que tiene conocimiento, de manera informal, que en el año 2012 Uber tenía alrededor de 10 mil vehículos, y hoy hay 77 mil, es decir, un millón y medio de usuarios.

“Una porción muy importante de personas, de vehículos que están operando esta plataforma y el Ministerio de Transporte no tiene ninguna información sobre cómo se está prestando este servicio”.

Además, aseguró que los nueve ponentes de este proyecto en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes están de acuerdo con archivarlo. La única instancia que le quedaría a Uber, entonces, sería apelar a la Plenaria y que estén dispuestos a la modificar el proyecto.

Tras la decisión que tomará la Comisión Sexta, Pulzo consultó a Uber, que califica como “desafortunado” el hecho.

Es muy desafortunado que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidiera ignorar la voz de más de 3 millones de Colombianos que ejercieron su derecho democrático de proponer nuevas leyes que les aseguren alternativas innovadoras e incluyentes para atender su necesidad diaria de transportarse; y que a la vez son una oportunidad para frenar la congestión, la polución y la escasez de espacio público en las ciudades colombianas”, aseguran voceros de la compañía.

Así mismo, piden que la Cámara reconsidere la decisión y escuche a los “millones de ciudadanos que apoyan el transporte privado por medio de aplicaciones”.

Uber también insiste en que se debe tener en cuenta el concepto positivo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el proyecto para legalizar estas plataformas.

“Sobre el concepto de la SIC acerca del Proyecto de Ley, destacamos lo siguiente:

‘Eliminar la obligación en cabeza del prestador de estar vinculado a una empresa de transporte para ofrecer el servicio puede incentivar el surgimiento de innovaciones en las que el prestador interactúe directamente con el usuario’

‘(…) esta Entidad (la SIC) concluyó que exigir que las plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones disruptivas que faciliten la solución de fallas del mercado’.

“(…) en el Proyecto se busca atender dichas fallas [del mercado] mediante la reglamentación por parte del Gobierno Nacional de los requisitos que debe cumplir los prestadores, en relación con los siguientes aspectos:

  1. Idoneidad de los conductores, así como en relación con los antecedentes penales, judiciales y disciplinarios
  2. Seguros del vehículo
  3. Condiciones de dos vías entre conductor y usuario
  4. y características mínimas de los vehículos”

Sobre la fijación de tarifas, la SIC agrega: ‘los prestadores de transporte privado deberían fijar libremente sus precios, con la obligación de informar de manera previa a los usuarios la tarifa que pretendan cobrar, de manera que estos puedan elegir libremente si contratan el servicio o no’”, señaló Uber.

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