En consecuencia, el sector público administrará temporalmente el escenario que acogerá la final de la Copa América en julio de 2019. “Estamos retomando el Maracaná sin cualquier perjuicio para los partidos de fútbol o los clubes”, afirmó en rueda de prensa, Wilson Witzel, gobernador de Río.

La deuda contraída por el ‘Complejo Maracaná Entretenimiento’, consorcio que ganó la licitación en 2013 para un plazo de 35 años, es de 9,9 millones de dólares, según datos oficiales.

Pero esta no es la primera vez que la gerencia del mítico estadio se sitúa en el centro de la polémica, ya que en septiembre de 2018 la justicia brasileña le retiró a la empresa concesionaria el derecho de explotación por irregularidades en el proceso licitatorio relacionadas con el tráfico de información privilegiada en la administración del por entonces gobernador Sergio Cabral, hoy preso por corrupción.

El Estado y la firma IMX-Holding/SA acordaron en 2013 el derecho a la explotación del estadio a través de ‘Consorcio Maracaná Entretenimiento’, compañía conformada por capitales del empresario Eike Batista (encarcelado en 2017 por corrupción), de la constructora Odebrecht (involucrada en un escándalo multinacional por corrupción) y de la organización estadounidense AEG.