El anuncio lo hizo el registrador Alexánder Vega, luego de la inspección judicial que adelantó un equipo del CTI de la Fiscalía en la Registraduría Especial de Soledad, el pasado viernes, en donde se detectaron presuntas irregularidades en la expedición de registros civiles y la cedulación de migrantes extranjeros, dice un comunicado del ente investigador.

Vega dijo que los registradores especiales de esa oficina fueron declarados insubsistentes y que se suspendió la atención al público para facilitar el trabajo de los investigadores, ya que en auditorías internas se encontraron “anomalías” que fueron denunciadas antes las autoridades.

En medio de la diligencia, la Fiscalía General dijo que se recopilaron “documentos, videos, entrevistas y otros elementos de prueba con el propósito de identificar a los autores de estos hechos de corrupción que se habrían realizado de manera sistemática”, y que de ser hallados responsables los funcionarios tendrán que afrontar procesos penales y disciplinarios.

Los hechos de corrupción a los que hace referencia la Fiscalía tienen que ver con que a los migrantes extranjeros les habrían dado documentos de identidad para facilitar su nacionalidad colombiana, y el ente acusador sospecha que estas personas “pretenderían participar en certámenes electorales en el país”.

Eso es lo que tratan de establecer Fiscalía y Registraduría, aunque en un informe de El Heraldo se alertó de que estos trámites irregulares de documentación también buscan que los extranjeros puedan acceder a pasaportes, visa americana y créditos en entidades bancarias.

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El medio regional afirma, con total convicción, que este operativo de la Fiscalía se dio luego de la denuncia que publicó el pasado fin de semana sobre “la nueva modalidad con la que se estaría nacionalizando a extranjeros”, y puso como ejemplo el caso de un joven peluquero al que le cobraron 1.200.000 pesos por el trámite corrupto para hacerlo pasar como colombiano.

El denunciante, al que el periódico identifica solo como Andrés, contó que lo pusieron en contacto con una supuesta funcionaria de la entidad, que tuvo que pagar ese dinero “en dos partidas” y que le exigieron el registro de nacimiento venezolano original y apostillado.

“La mujer de inmediato miró mi apellido y dijo que sería más fácil hacer el proceso, el cual consistía en lo siguiente: ella buscaría dentro de los archivos de la Registraduría a una persona que, por su edad, pudiese ser mi mamá o mi papá; entonces, ella haría un registro civil donde pondría a esa persona como uno de mis progenitores. Teniendo ese documento, yo sería automáticamente colombiano y podría acceder a la cedula”, detalló.

En este video, el fiscal General, Francisco Barbosa, da detalles del operativo en la oficina de la Registraduría en Soledad.