El examen se le hará a 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, informó la Jurisdicción Especial para la Paz en un comunicado.
El texto detalla que la base de datos consolidada por una se sus secciones su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad cuenta con 459 víctimas de desaparición forzada entre 1978 y 2016 en la Comuna 13, golpeada por el conflicto armado.
La Comuna 13 de Medellín fue escenario entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 de la ‘operación Orión’, con la cual las Fuerzas Armadas buscaban expulsar a milicianos de las guerrillas de las Farc y del Eln.
Según organismos de defensa de los derechos humanos, la operación, que se hizo con la ayuda de grupos paramilitares, dejó numerosos muertos y desaparecidos que al parecer fueron sepultados en un vertedero conocido como La Escombrera.
La JEP manifestó que la Alcaldía “debe realizar reuniones de planeación con autoridades municipales, departamentales y víctimas que, además cuenten con la participación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP)”.
“Todo lo anterior con el fin de ‘promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado'”, añadió el alto tribunal.
Igualmente, la Alcaldía de Medellín deberá “contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informales sobre el proceso y garantizar sus derechos”.
Sobre las 459 posibles víctimas, la JEP ya tiene información completa de 327, mientras que existen 612 casos adicionales aportados por la Fiscalía sobre los que la información no ha sido completamente verificada; se calcula que en total son 1.071 víctimas.
“Del total de víctimas, 195 habrían sufrido desaparición forzada durante los años 2002-2003, 91 de ellas durante el segundo semestre del 2002, los períodos más críticos. Esta situación coincide con graves alteraciones de orden público en el municipio”, aseveró la JEP.
En julio pasado, la Fiscalía advirtió a la JEP que en la Comuna 13 puede haber fosas aún sin identificar con víctimas de desaparición forzada.
La indagación se fundamenta en una petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y de familiares de desaparecidos, que solicitaron a la JEP que tome medidas cautelares en 16 lugares del país donde “se presume existen personas inhumadas” dadas como desaparecidas.
Los demandantes pidieron el cierre cautelar de los lugares conocidos como La Arenera y La Escombrera, donde se sospecha que están enterrados los cuerpos para que la UBPD “pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares” en el futuro.
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