La finca La Veranera, ubicada en el municipio de Apía (Risaralda), está valuada en 560 millones de pesos y la Fiscalía la “ocupó con fines de extinción de dominio”.

“En desarrollo de la investigación que adelantan la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y la Delegada para las Finanzas Criminales se pudo acreditar que el mencionado inmueble sería propiedad del citado exparamilitar condenado”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

La entidad dice que el predio estaba a nombre de familiares de Monsalve para “evadir la acción de la administración de justicia”, pues los titulares no tenían la capacidad económica legal para adquirir la propiedad […] por lo que su incremento patrimonial sólo se entendería justificado, al parecer, por actividades delictivas, ya sea anteriores a su reclusión o concomitantes a ella”.

El texto detalla que para el momento de la aparente negociación, en el año 2016, la finca estaba avaluada en la suma 454.090.783 millones de pesos.

Este fue el momento en que agentes del CTI llegaron al inmueble:

Monsalve está en una cárcel desde 2008 cumpliendo una condena por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Es uno de los testigos en el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por un supuesto fraude procesal y soborno de testigos.


El exparamilitar, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era propiedad de la familia de Uribe, testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas el exmandatario y su hermano Santiago Uribe.

Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones de Diego Cadena, un abogado que defendió al expresidente en la querella.

Uribe estuvo en detención domiciliaria por dos meses por orden de la Corte Suprema de Justicia como parte de un proceso por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, el pasado 10 de octubre la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, ordenó su puesta en libertad, y fue amenazada por esa decisión.

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