Se trata de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que otorga inmunidad a las empresas tecnológicas como Facebook y Twitter para que no se emprendan acciones legales en su contra por el contenido publicado por sus usuarios.

Estas dos redes sociales han enfrentado la ira de Donald Trump en las últimas semanas, después de que comenzaran a censurar publicaciones del presidente, en las que afirmaba —sin pruebas— haber perdido las elecciones de EE.UU. del mes pasado debido a un fraude electoral.

“La sección 230 (…) representa una seria amenaza a nuestra seguridad nacional y a la integridad de las elecciones“, dijo el martes por la noche en Twitter el mandatario republicano, que no fue reelegido, pero se niega a admitir su derrota.

Lee También

“Por lo tanto, si la muy peligrosa e injusta sección 230 no se termina completamente como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), me veré obligado a VETAR inequívocamente el proyecto“, añadió, refiriéndose al proyecto de ley anual que autoriza el presupuesto del Pentágono.

Algunas de las mayores empresas tecnológicas se han encontrado bajo el fuego de ambos lados del espectro político estadounidense, demócrata y republicano, por su manejo de los contenidos durante la amarga campaña presidencial de este año.

Funcionarios republicanos han acusado a las redes sociales de censurar las voces conservadoras, e interrogaron al respecto al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, y al de Twitter, Jack Dorsey, durante audiencias en el Congreso a principios de noviembre.

Ambas plataformas limitaron el alcance de muchas de las publicaciones de Trump, en particular aquellas en las que el presidente rechazó su derrota electoral o cuestionó la integridad del proceso de votación.

Twitter censuró mensajes del presidente, mencionando la manera en que violaba sus reglas: apología de la violencia, contenido engañoso, etc.

El presidente electo, el demócrata Joe Biden, también ha dicho que la Sección 230 debe ser “revocada” pero no ha ofrecido detalles de ningún plan para reformar la legislación.