La sanción contra Claro en Colombia es por $ 983’139.360, que equivalen a 1.120 salarios mínimos mensuales vigentes. Según la SIC, esta compañía vulneró el derecho de libre elección de sus usuarios para terminar su contrato, al no dar cumplimiento a las solicitudes de terminación de estos acuerdos en el término establecido por la ley.

“Y por remitir información inexacta sobre la presentación de quejas de sus usuarios ante la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago”, señala el ente regulador en su decisión.

La SIC, además, asegura que en su investigación tuvo en cuenta 33 quejas de usuarios, y la información que reportó Claro para dar respuesta a los requerimientos del mismo ente de control.

“Se comprobó que Claro no realizó la terminación del servicio en 3416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. Adicionalmente, Claro omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica, exigiendo a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley”, detalla la SIC.

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Y describe que en otros casos la compañía exigió requisitos adicionales para tramitar la cancelación de algunos contratos, y generó cobreo de facturas posteriores a dichas solicitudes.

Ante la decisión, Claro emitió un comunicado en el que asegura que no ha sido notificada de dicha resolución y “no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción más que la dada por medio del comunicado de prensa de la autoridad”.

“En cuanto conozcamos la Resolución que impone la sanción, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”, sostuvo la empresa.