Esto se conoce en medio de la disputa de la compañía por obtener un crédito del Gobierno Nacional por 370 millones de dólares, con la intención de financiar su proceso de reestructuración. De acuerdo con la Agencia API, los altos ejecutivos de la empresa recibieron, en medio de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, más de 7 millones de dólares (cerca de 25.900 millones de pesos colombianos).

Luego de que salieran a la luz los millonarios pagos a los altos ejecutivos, la aerolínea resaltó que estaban relacionados con “obligaciones laborales correspondientes a 2019”, y que la plata salió de los resultados obtenidos en el proceso de reperfilamiento de deuda de ese mismo año.

La compañía justificó los pagos, además, señalando que estos fueron concedidos para que los altos directivos permanecieran durante todo el proceso del Capítulo 11 (proceso que lleva en Estados Unidos), afirmó ese mismo medio.

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La plata para los ejecutivos

Según API, otro que recibió un millonario bono de la compañía fue Adrian Neuhauser Berlín, quien trabaja como vicepresidente financiero de la compañía. Según la revista, la compañía le pagó a esta persona un total de 2,7 millones de dólares, los que se traducen en cerca de 10.000 millones de pesos colombianos.

Eduardo Mendoza de la Torre, por su parte, también se hizo acreedor de un bono por 287 millones de pesos colombianos, mientras que a Michael Anthony Swiatek, vicepresidente de planeación y estrategia de la empresa, le llegaron 112.000 dólares (500 millones de pesos).

¿Y el préstamo?

Avianca y el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, están en la disputa con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que revierta la decisión de suspender el desembolso del crédito por 370 millones de dólares que se le otorgaría a la empresa con el fin de “garantizar la movilidad aérea colombiana”-

La aerolínea, destacó hace varios días en un comunicado que presentará los documentos necesarios ante el alto tribunal con el fin de demostrar que la transacción es “beneficiosa para el país”, esto teniendo en cuenta que en el proceso se le otorgan al Gobierno garantías de respaldo importantes y “atractivos rendimientos financieros”.

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