La segunda razón mencionada hace muy difícil el proceso para rastrear la ubicación y la trayectoria de los hechos delictivos cometidos por Internet.

Así lo explica el colombiano Belisario Contreras, gerente del Programa de Seguridad Cibernética en la OEA.

Contreras, consultado por la agencia EFE, aseguró que “se necesita un cambio estructural para entender cómo los estados afrontan los delitos de ciberseguridad”.

El experto dijo que, aunque en su momento se crearon instituciones que establecieron las reglas de juego para el espacio físico, “ahora tenemos que apuntar las reglas de juego y crear las normas para el espacio digital”, ya que al final “es el ciudadano el que nos preocupa”.

Los ataques en la red producidos en los últimos meses tuvieron una “gran atención mediática” y, como bien lo explicó el experto colombiano, “sirvieron para hacer una llamada de atención, lo que incrementó el nivel de conciencia, pero esto no es suficiente”.

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El pasado mes de mayo el virus WannaCry secuestró datos procedentes de más de 200.000 computadores en 150 países y exigió un pago en la moneda digital bitcoin para recuperar el acceso al contenido.

Los ciberdelincuentes, que llevan veinte años actuando, “empezaron ahora a tocar hospitales, pymes y particulares”, lo que genera “una mayor preocupación”, dijo el colombiano.

Estos delitos, que afectan principalmente a los sectores financiero y energético, ya que son infraestructuras críticas “sensibles” y donde los criminales encuentran recursos económicos “de manera más fácil”, suponen pérdidas y gastos millonarios cada año, añadió Contreras.

El experto también explicó que los delitos en el sector salud, debido al acceso a datos de los ciudadanos, son “incidentes multinacionales” que requieren una respuesta internacional, por lo que la coordinación mundial es una de las principales medidas para evitar estas amenazas.

En ese sentido, organizaciones como la OEA, la Unión Europea y la Interpol “juegan un rol fundamental”, indicó Contreras.

Sin embargo, a pesar de que los países están “entrando en la moda de la economía digital y en la cuarta revolución industrial”, todavía muchos no actualizaron ni sus legislaciones ni sus marcos políticos a este nuevo contexto.

En América Latina, según Contreras, hay 21 Equipos de Respuesta nacionales (CSIRT), cuya creación fue apoyada por la OEA, institución que además respaldó el desarrollo de estrategias nacionales de países como Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Paraguay y Jamaica.

“Pero estas no son las únicas medidas que hay que tomar”, ya que también es necesario analizar las estructuras legales, las capacidades técnicas, y cómo los ciudadanos y la industria de ciberseguridad, “si es que la hay”, están afrontando este problema.

“Falta mucho por hacer en la región, ya que esos estados están en una situación un tanto vulnerable”, insistió Contreras, quien aseguró que también países muy desarrollados de América o Europa sufren estos ataques “mundialmente conocidos”.

Para el experto colombiano, es importante también “generar una conciencia en todos los niveles del Estado”: Solo así “podremos fortalecer la seguridad en Internet”, dijo.

En ese sentido, el Convenio Budapest sobre ciberdelincuencia, que entró en vigor en 2004, es un instrumento legal europeo que permite intercambiar evidencias, pruebas y homogeneizar los procedimientos entre los estados.

“Este convenio, firmado y ratificado por Chile, República Dominicana y Panamá, entre otros, es importante por la respuesta multinacional que propone”, aseveró Contreras.

Además, la OEA adoptó el pasado mes de marzo un conjunto de medidas de “fomento de confianza” en el ciberespacio, “líneas de juego”, que según Contreras ayudarán a prevenir conflictos y promover la cooperación y la confianza en el ciberespacio a nivel interamericano.

“Lo más importante es ganarle al tiempo y a los criminales”.

Por Cristina Villanueva Marín – EFE

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