La situación limita el acceso de la ciudadanía y los turistas, y deja en desventaja a la población frente a temas de educación, comercio y turismo, “fundamentales para el progreso de la región”, según Housni, citado en un comunicado de su despacho.

Igualmente, Housni solicitó al Gobierno revisar la estructura del negocio para identificar las fallas, corregirlas y permitir la entrada de nuevos operadores, que fomenten la libre competencia.

Queremos que los usuarios tengan un servicio de mejor calidad, que puedan escoger el operador con el que quieren contratar y tengan una tarifa justa”, concluyó Housni.

Según la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, las causas del colapso de internet “no son circunstanciales sino estructurales, debido a decisiones que en el pasado ha tomado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que hacen inviable la prestación de un servicio eficiente y en condiciones técnicas suficientes para cubrir la demanda de los usuarios privados”.

En la carta enviada al Ministerio, el gremio agrega que el valor para que los operadores den el servicio con el cable submarino es muy costoso y solo ha permitido la presencia de pocas empresas evitando la libre competencia.

Mientras tanto en Canadá

El regulador de telecomunicaciones de Canadá declaró este miércoles que la conexión de internet de alta velocidad es un “servicio básico” y anunció la creación de un fondo millonario para proveer acceso en todo el país.

El gobierno invertirá 750 millones de dólares canadienses (558 millones de dólares estadounidenses) en cinco años para asegurar el acceso a internet de alta velocidad (al menos 50 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida) a todos, incluso en las zonas más remotas y rurales del país.

“Una conexión de gran calidad y fiable es esencial para la calidad de vida de los canadienses”, dijo el presidente de la Comisión de Radio-Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC), Jean-Pierre Blais.

Agregó que se trata de un servicio “básico” y “vital” para poder acceder a servicios públicos como la salud y la educación, además del sistema bancario, la compra online, el entretenimiento y las redes sociales.

EFE/AFP

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