Opinión

Ariel Peña

En la actualidad soy columnista de Minuto30, el Espacio, Debate, Periodismo sin Fronteras y el Centro de Pensamiento Primero Colombia

Vendetta de las Farc y movilización política y social

La secta marxista-leninista, en sus diferentes denominaciones, considera a la lucha de clases como un ajuste de cuentas o vendetta.

De ahí precisamente que el crimen y la venganza están implantados en los genes del comunismo totalitario, que en Colombia es seguido por las bandas narcoterroristas de las Farc y el Eln, y al dejar las armas la primera por el proceso de paz con el gobierno, buscara la vindicta con otros instrumentos como la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) para perseguir a sus enemigos ideológicos y políticos, que desde la legalidad los han enfrentando, creándose el delito de opinión al cual deben estar atentos los gremios periodísticos y la sociedad en general.

La estafa comunista del marxismo-leninismo no tiene ni vigencia ni defensa, al ser irracional, por ello lo que más atemoriza a los miembros de ese engendro es el debate ideológico, al que le huyen; y las Farc con los acuerdos de La Habana han conseguido que el gobierno de Santos no permita que a su élite la molesten desde el punto de vista intelectual, pues cáusticamente escuchar a un cabecilla de esa banda en un discurso sobre el materialismo histórico y la inevitabilidad, no solo produciría hilaridad, sino que eso sería parte del espejismo, la ficción, la superstición y la locura, ya que ese dogma marxista solo sirve para descrestar imbéciles.

Con la JEP las Farc buscan tener total impunidad, olvidando que en algunos años si las penas aplicadas a los autores de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de apartheid no cumplen con los estándares internacionales del Estatuto de Roma, indefectiblemente intervendrá la Corte Penal Internacional que tiene jurisdicción, por lo cual como lo mencionamos anteriormente los jefes de las Farc usaran la JEP únicamente para perseguir a sus adversarios políticos, todo al amparo del “Fast Track” que le da al gobierno poderes omnímodos para implementar el nuevo tribunal de justicia, que será de corte inquisitivo para quienes no se han plegado al terrorismo marxista de las Farc, que constituyen el 99.9% de la población colombiana que lo rechaza.

En el plebiscito del 2 de octubre en donde el pueblo colombiano derrotó al gobierno y a sus enmermelados votando por el No, algunos dirigentes del Sí después de la derrota invitaron a movilizarse, mientras que los ganadores permanecieron impasibles, lo que sirvió para maquillar el acuerdo de Cuba y pasarlo de 297 páginas a 310 sin modificaciones de fondo y, firmarlo el 25 de noviembre en el Teatro Colón.

Ello condujo a que un grupo de colombianos a finales del año anterior le pidieran a las directivas del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe movilizaciones políticas y sociales, por la postura del gobierno de Santos que pone en peligro la democracia.

Ante esos reclamos y otros provenientes de organizaciones sindicales y sociales, se ha convocado a una movilización nacional para el primero de abril, en donde no solo se debe protestar por la claudicación del ejecutivo ante la narcoguerrilla, sino también en contra de la Reforma Tributaria aprobada por los parlamentarios de la Unidad Nacional, que empobrece significativamente a la población, además hay que denunciar la corrupción en todas sus formas, especialmente en el alto gobierno que le repartió a sus conmilitones los gigantescos ingresos de los buenos precios del petróleo que tuvo durante años en el mercado, y tampoco el gobierno ha explicado los dineros de Odebrecht en la campaña santista de 2014.

También se debe rechazar el pírrico aumento en el salario mínimo que decretó el gobierno a finales del año pasado, el cual no se compadece con las necesidades de los casi 2 millones de colombianos que lo devengan.

Hay otros motivos para la protesta como la promesa de campaña incumplida por parte del presidente Santos quien le anunció a los pensionados bajarle los aportes en la salud del 12% al 4%.

La lucha social no es patrimonio exclusivo de ningún sector político en especial, por ello las manifestaciones del primero de abril pertenecen a todo el pueblo colombiano, que con sus organizaciones populares ve como se puede perder la democracia y la libertad, sino se hace nada.

La convocatoria para el primer día de abril tiene que ser lo más amplia, ya que las dificultades sociales y económicas que ha traído el gobierno, únicamente tienen solución con la unidad, y las amenazas que sufre la democracia solo se pueden superar mediante el talante libertario que posee la ciudadanía, que no permitirá que la nación caiga bajo el yugo del comunismo totalitario cuya receta para Latinoamérica es el socialismo del siglo XXl, por ello hay que marchar para buscar el progreso social y humano y evitar la pérdida de las libertades.

Nota: Lamentamos el fallecimiento de Don Roberto Esper el pasado viernes 24 de febrero en la ciudad de Barranquilla. Don Roberto fue fundador y director de los periódicos La Libertad de Barranquilla y La Verdad de Cartagena, además era propietario del periódico el Espacio en Bogotá… Paz en la tumba de Don Roberto, quien fue un adalid de la libertad de prensa y un patricio de la democracia.

 

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