El hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio le esté pidiendo al concesionario y/o la marca que lleven sus estados financieros a la audiencia en la que se decidirá quién tiene la razón en la demanda que presentó el consumidor del vehículo, y además se revisará el comportamiento de las partes en la etapa anterior al proceso para imponerle una multa al que haya obrado con temeridad, es algo que preocupa mucho al sector de los vehículos, que siente que lo presionan indebidamente para que concilie con el cliente el diferendo y evite que le impongan una multa si la sentencia es desfavorable.

A los consumidores no les piden que lleven a la audiencia una copia de su declaración de renta o un certificado laboral de sus ingresos para que la Superintendencia pueda cuantificar la multa si encuentra que obraron en forma temeraria cuando le reclamaban al concesionario o la marca por un defecto que el vehículo no tenia o por fallas ocasionadas por su propia negligencia o por un tercero que dañó el producto, y eso hace que en la audiencia se sientan en zona de confort porque nadie les está preguntado sobre sus ingresos, y por tanto se sobreentiende que el que está en el patíbulo de la multa es el concesionario o la marca demandada.

La ley del consumidor dotó a la Superintendencia de esa poderosa herramienta porque quiere que las marcas y los concesionarios lo piensen dos veces antes de tomar del pelo al consumidor que con justa razón reclama por los defectos del vehículo en garantía, pero también abrió la posibilidad de sancionar con una multa a los listos que creen que el consumidor es el rey pepinito que tiene derecho a reclamar por esto o aquello, con o sin razón, e imponerle al concesionario su parecer para obtener ventajas de los derechos que le otorga la ley del consumidor.

Pensábamos que en todos los casos la Superintendencia les pedía los estados financieros a los concesionarios y marcas cuando los cita a la audiencia en que se decidirá la demanda y lo de la temeridad, pero como no sucede así en todos los casos es muy preocupante que la cosa no sea por parejo, pues eso confirma que al pedir los estados financieros se le está advirtiendo a la demandada que está en peligro de que le impongan una multa por lo que se observa en el expediente.

Aquí sí que se puede decir que ¨o todos en la cama o todos en el suelo¨, pues hay que pedirle a ambas partes que lleven a la audiencia de fallo sus pruebas de solvencia, para que los malpensados no tengan motivos de duda.

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