El bullying escolar ha venido ingresando poco a poco en la agenda colombiana hasta el punto que el pasado 16 de agosto fuimos testigos de ejércitos de personas que salieron a las calles de las principales ciudades del país a marchar en contra de, la que ellos dicen, una homofobia sistemática en los colegios del país.

Claro, esta marcha fue también una reacción a razón de la otra marcha realizada una semana antes que rechazaban que el gobierno pueda implementar cartillas de convivencia escolar donde se disponía, también sostenían ellos, de un nuevo concepto sobre identificación de género; el cual no es fijado según el sexo con el que se nazca, sino como una construcción sociocultural que determina “las formas de ser hombres o mujeres en un tiempo y una cultura específicos”.

Para quienes reaccionaron, esto se trata de una imposición de una teoría de género que propende por enturbiar las mentes de los jóvenes y niños, diciéndoles que ellos son completamente de decidir si quieren ser niño o niña (o andrógino en su defecto).

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Aunque se cree que la batida en contra del bullying escolar tuvo inicio luego del suicidio de Sergio Urrego a causa del acoso constante que este vivía en su colegio por parte de sus compañeros y hasta de sus profesores, a causa de su homosexualidad, ya antes se habían impuesto, por parte de la Corte Constitucional, diversas políticas en los colegios para desincentivarlo.

En realidad, las actuaciones de este tribunal en cuanto a este tema cobran protagonismo en 2011, momento en que se ordena al Ministerio de Educación la formulación de políticas que permitan la prevención, la detección y la atención de las prácticas de hostigamiento, y matoneo en los colegios; que deben ser implementadas en los colegios del país.

También en 2014 -antes de la tragedia de Sergio- el mismo tribunal empezó ya a hablar sobre el llamado cyberbullying. Práctica que también debía ser tratada bajo las políticas de detección y acción. Al igual que se instó a que se implementaran estas políticas en los colegios, se les ordenó a estos mismos que utilizaran todo lo que tenían a su alcance para implementar dichas políticas, con un especial énfasis en el cyberbulling: como la conformación de comités escolares de convivencia o capacitaciones para el buen uso de las redes sociales y la ética detrás de ellas.

Políticas actuales 

La Corte Constitucional no se ha quedado quieta en el combate contra el bullying y el cyberbullying, recientemente, en un estudio de tutela relacionado con este tema, recordó las políticas y actividades que los colegios deben implementar, pero adicionalmente mencionó que en los colegios donde se presenten actos de bullying y cyber bullying las directivas tienen la obligación de actuar de manera inmediata para evitar futuras tragedias.

La razón se dio por motivo a que en el caso que estudió la alta corte, se presentó un grave caso de acoso y de mala honra a una estudiante a quien le expusieron unas fotos en las que salía desnuda, en una red social.

Pese a la gravedad del asunto, el colegio decidió que los programas de intervención y de uso adecuado de redes sociales solo iba a implementarlos luego de finalizado el año escolar, con la excusa que no era saludable imponerlos finalizando un año escolar porque podía generar apuros en el programa pedagógico ya planeado.

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Para la Corte Constitucional tal actuar del colegio no era acorde con la emergencia del asunto y la gravedad de los hechos. Para la corte “la problemática del acoso escolar, como fenómeno social en los centros educativos, requiere de medidas de prevención y concientización de aplicación inmediatas e impostergables por tratarse de acontecimientos que atentan directamente sobre la dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes”.

El acoso escolar, y particularmente casos como estos tan graves, puede conllevar a conflictos emocionales irreparables en las víctimas y muchas veces desenlaces trágicos, como son la venganza o el suicidio.

Así las cosas, los colegios tienen la obligación de prevenir el acoso laboral y si ya existen casos dentro de su comunidad, deben resolverlos de la manera más expedita y eficaz posible.

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