Seguramente el contralor de Bogotá debe estar orgulloso de emular a quien para él debe ser un paradigma, un faro moral que lo guía para llegar a los escenarios benéficos del asesinato político de sus probables o virtuales adversarios: el destituido exprocurador Alejandro Ordóñez.

Pero con una diferencia: Ordóñez en sus actuaciones para sacar del horizonte electoral a Gustavo Petro, lo hizo directamente, acomodando las normas, cometiendo irregularidades, torciéndole el pescuezo a la legalidad, pero en últimas frenteando en la lógica perversa de «el poder es para usarlo ¡y qué!».

Pero este politicastro formado en la escuela de la ventaja, la mermelada y el tamal, ha hecho más o menos lo mismo pero en forma indirecta, en la dinámica mezquina del mandado, de la lambonería de alto vuelo, inhabiltando de nuevo a Petro y sancionándolo de manera desorbitada en lo económico.

Y todo para el beneficio directo de su jefe político y futuro candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

Y seguramente para el beneficio del propio hoy contralor, a quien en el universo de la clientela sofisticada, bien se le podría pagar «la vuelta», por ejemplo, con un ministerio de Justicia, cuando su patrón haya coronado la Presidencia a punta de carreteras y perradas variadas como esta que comentamos.

Hasta periódicos que durante cuatro años le hicieron la oposición a Petro –como El Espectador que parecía más un partido que un medio de comunicación- han reconocido editorialmente lo arbitrario e inconveniente de la sanción contra el exalcalde de Bogotá, por haber bajado la tarifa de Transmilenio en beneficio de los sectores pobres de la ciudad.

Detenerse en el detalle jurídico de la determinación a todas luces marrullera y política del Contralor de Bogotá, ni vale la pena. Se cae de su peso que se trata de un acto arbitrario, de un falso positivo de detrimento patrimonial del Distrito.

Lo importante no es la improbable falta de Petro, sino la cobardía de quienes utilizan las instituciones a las cuales han llegado a punta de politiquería de tercera, para sacar del camino a adversarios que pondrían en riesgo el poder de los de siempre.

Ojalá en su sabiduría, el Consejo de Estado tome pronto cartas en este asunto y le devuelva a Petro su honra una vez más mellada y sus derechos políticos.

Resulta curioso ver como en este empeño de detener a Petro, las tácticas malsanas de la extrema derecha agenciadas por Ordóñez, han servido de ejemplo a otros sectores de la política supuestamente más «democráticos» como el partido Cambio Radical del Contralor y de Vargas Lleras.

Si uno se atiene a estos antecedentes, se entendería muy bien que unos y otros, incluido el CD, pertenecen al mismo caldo de cutivo. Y que entre ellos, las fronteras morales e ideológicas no existen. Hacen parte del mismo proyecto ultra neo liberal, religioso y moralista que pretende devolver a Colombia al siglo XIX.

Y que sus acciones para sacar del ruedo a Petro, bien podrían terminar en un candidatura de unidad extremista, guerrerista, en la cual se produjera la convergencia de Vargas Lleras, Uribe y Ordóñez.

Pero volviendo al tema preciso de lo moral y lo inmoral en este asunto rocambolesco, ahora resulta que tomar medidas de beneficio colectivo, sobre todo para los sectores populares, se convierte en detrimento patrimonial. Es decir, que no es rentable. Y ese es el trasfondo más peligroso de la medida. La criminalizacion de lo social, que no renta, que no da ganancias metálicas.

A este paso, a cualquier iluminado con algo de poder, se le puede ocurrir que al bajar las altísimas tarifas en los servicios, se incurra en detrimento o que el Estado «pierda» financiando la salud o la educación…

Claro que ello no sería aplicable a la defensa o a la vivienda de interés social construida y promovida por el Vicepresidente para ser Presidente.

La baja en las tarifas de Transmilenio, que significó un ahorro directo para la gente pobre, fue un avance social. Era parte de un programa de gobierno de Petro, un acto libérrimo de un gobernante en favor de la gente. Y ahí viene el otro tema. No solamente se trata de detener a Petro quitándole sus derechos, sino de castigarlo por ser coherente con sus políticas.

Castigo por ser de izquierda, por haber sido alcalde, por ejercer legítimamente sus funciones en favor del común. En ello se ve claramente ademas el espíritu de venganza, de borrón y cuenta nueva que ejerce como política de gobierno el hoy alcalde Peñalosa.

El poder para vengarse y para aplastar al adversario con la ley en la mano para violar la propia ley. ¿Es eso democrático ? No. Es un sainete evidente, una zarzuela de quinta propia de carteles políticos…

¿Que Petro y su futuro político les producen miedo? Bueno, pues entonces enfréntenlo con armas leales, abiertas, electorales. No con puñaladas marraneras que además son una pésima señal para el futuro de la paz y de quienes, una vez desmovilizados, lleguen a la palestra política.

Tanto que se habla de persecución política. ¿Y esto qué es? ¿El sano juego demócratico?

En ese sentido, el contralor de Bogotá tiene el descaro de pedirle a Petro que no lleve el asunto al campo político. Entonces, ¿que lo ponga en el terreno del circo?

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