Y se habla de El Espectador, porque esa periodista, se asume, representa al periódico.

Lo más llamativo del caso es que la periodista Lorena Arboleda lo hace basada en fuentes anónimas y, aparentemente, no en el marco de ningún trabajo periodístico. Un  proceso kafkiano: no se conoce de qué se acusa, quién lo hace, cuáles son las pruebas. Pero se insta a responder.

Si existieran las fuentes, los cargos concretos, el rigor periodístico tal vez ordenaría hablar con la viceministra Natalia Ruiz -quién ni siquiera se ha posesionado-, pedir respuestas, pero a cargos concretos. ¿Por qué someterla a la picota pública incluso antes de haber publicado algo en el medio, de haber sometido sus indicios a un mínimo proceso de verificación? Deja un mal sabor. ¿Quién(es) es(son) el (los) beneficiario(s) del matoneo en redes? ¿Será que alguien busca que no la posesionen?

El deficiente rigor y los bajos estándares sobre lo que publican periodistas en redes dejan espacio a la duda.

El primer trino del 28 de enero decía:

De la acusación con fuentes anónimas, aparentemente matizada con la palabra ‘presunto’ (viejo truco de nosotros los periodistas para no asumir responsabilidades sobre las afirmaciones), se pasa a las conclusiones generalizantes sin soporte: ¿Caos en @Mineducación? La sola pregunta lo sugiere, sin argumentos.

El segundo trino precisa mínimamente, pero es más enfático al acusar de mentir, con una fórmula más propia de un programa de chismes de farándula: “dicen” (le faltó el “por ahí”).

El beneficio de la duda ahora se da por la introducción de los signos de interrogación: “¿Maltrato en Mineducación?”.

Siguiendo la línea de sus funciones de “control disciplinario”, la periodista le aplica su propia versión del Código Contencioso Administrativo (que fija plazos para responder).

Al día siguiente, en su tercer trino, da por cumplido el plazo:

Luego, al coro de “periodistas procuradores” se une Jorge Hernán Peláez, quien insta a “no dejar crecer el problema”. Don Jorge, siga el sabio consejo de su padre: “mijo, revise sus fuentes”. (Don Jorge, aún no ha dicho nada sobre su versión de que en la cara de la niña Yuliana había indicios de que más de una persona la había mordido).

¿Cómo no dejar crecer el problema? Haciendo mal ambiente para que una Ministra no la posesione.

Que no se malinterpreten estas palabras: una vez la periodista precise, la funcionaria debe responder.

Si algún funcionario se siente maltratado, existen instancias como la Procuraduría y/o Fiscalía para quejarse. Y si tienen soporte, debería actuar y sancionarla. Aunque luego de la decisión absolutoria sobre el ex Defensor del Pueblo (un verdadero maltratador), Jorge Armando Otálora, es natural el escepticismo.

Lo que no puede hacer un periodista es ampararse en un supuesto ambiente de temor a represalias en el Ministerio para proteger la identidad de personas que se sienten afectadas por una gestión o tienen intereses dentro de la institución. Eso, repito, deja un mal sabor.

No se puede dar por hecho que todo funcionario público es malo por definición, ni que toda remoción de un cargo, si la hubo, obedece a persecución. ¿O acaso las nóminas de cargos públicos en Colombia no están llenas de cuotas burocráticas, con personas cuyo perfil no corresponde?

Si se han removido funcionarios competentes injustificadamente (arbitrariamente), la Viceministra tiene que explicar sus decisiones, no solo a las instancias del Estado, sino a los medios. Si hubo maltrato, que sea sancionada por él.

Por los trinos de Arboleda queda la impresión de que la tarea de los funcionarios públicos es velar por a estabilidad de funcionarios, no por el correcto manejo de los recursos públicos.

Ruiz no es una desconocida, ni en el mundo académico, ni en el mundo educativo, ni en el sector público. Un poco de reportería en la Universidad Nacional permitiría conocer de quién se trata (en aras de la transparencia ‘confieso’ que allí la conocí).

Queda aún un largo debate sobre lo que hacen los periodistas en redes.

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