Ariel Peña
Opinión de Ariel Peña

En  la actualidad soy columnista de Minuto30, el Espacio, Debate, Periodismo sin Fronteras, Centro de Pensamiento Primero Colombia y colaboro desde hace 13 años con El Tiempo en el Foro. También he escrito para El Catolicismo, el Nuevo Herald, La Jornada de Mexico, el País de España, el Periodico y Extra, entre otros,  además soy autor del libro “Democracia y Fetichismo”.

Grandes movilizaciones sociales y políticas en 2017

El gobierno debe fortalecer el diálogo con las organizaciones populares, especialmente las sindicales.

 
Movilización sindical
CGT

Con el aumento del salario mínimo por decreto del pasado 30 de diciembre, que apenas fue del 7% quedando en 737.717 pesos mensuales, está patentada una vez más la política antipopular del gobierno de Santos.

Dicho aumento no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las familias de los casi 2 millones de trabajadores que lo devengan, y eso sin contar con la reforma tributaria aprobada por el Congreso y que incrementa el IVA del 16% al 19%, lo que tendrá una incidencia nefasta en la canasta familiar, con el aumento de los productos de primera necesidad.

También hay que señalar que el 60% de la población económicamente activa en Colombia se encuentra en la informalidad, que en su gran mayoría no gana ni el mínimo, agregando a lo anterior el porcentaje de desempleo que sigue siendo uno de los más altos en Latinoamérica.

El exiguo aumento del mínimo para el 2017 es una nueva bofetada del gobierno a las organizaciones sindicales, que buscan la concertación, además todavía el presidente no ha cumplido lo prometió en su campaña reeleccionista de bajar al 4% los aportes a la salud de los pensionados que se encuentra en el 12%, a pesar de que le queda un último debate en la plenaria del Senado para aprobar un proyecto de ley en ese sentido, hasta los que tienen una mesada pensional de 4 salarios mínimos, pero todavía el gobierno le puede hacer conejo a los pensionados.

También está en veremos el ofrecimiento que le hizo Santos a los trabajadores para derogar la ley 789 del 2002, que prolongó el día hasta las 10 de la noche para no pagarle horas extras a los asalariados.

Igual sucede con los dominicales y festivos que fueron reducidos salarialmente, lo anterior significa que el gobierno se encuentra en una encrucijada política y social; en donde los acuerdos con la guerrilla de las Farc no pueden seguir sirviendo de excusa para frenar la autentica y legitima movilización social en cabeza de las organizaciones populares.

Pero hay que rechazar en la lucha social el oportunismo y la infiltración de la secta marxista con sus diferentes mascaradas. Comenzando por las bandas narcoterroristas de las Farc y el Eln quienes nunca han representado los intereses del pueblo, ya que a sus cabecillas no les interesa solucionar las aflicciones de las masas, pues lo que han buscando por más de 52 años es la toma del poder para siempre, usando un discurso miserabilista en donde de manera ladina dicen defender a los pobres, pero como patraña para adelantar sus aviesos planes.

En el 2017 las organizaciones sindicales y sociales se deben disponer para grandes movilizaciones a lo largo y ancho del país, pues las fuerzas populares alejadas de los intereses mezquinos del marxismo leninismo, son las llamadas a desarrollar las luchas reivindicativas en favor del pueblo colombiano y en contra de las medidas hambreadoras del gobierno, en donde todo ese cumulo de esfuerzos debe desembocar en un gran Paro Nacional; obligando al ejecutivo a cumplir lo prometido, con un aumento digno de salarios para los trabajadores, amén de las otras reivindicaciones sociales y económicas de amplios sectores populares que esperan una repuesta efectiva por parte de Santos.

La CGT (Confederación General del Trabajo) como central sindical democrática y pluralista con alta capacidad de convocatoria en Colombia, debe convertirse en promotora de las movilizaciones mostrando el repudio a las medidas del gobierno. Para no caer en confusiones y engaños se debe de separar los acuerdos de La Habana con las luchas sociales que se avecinan, pues como lo hemos reiterado en varias ocasiones, las Farc únicamente se representa a ellas mismas.

Entonces la mermelada santista que sirve para mantener la corrupción, el clientelismo y complacer a la narcoguerrilla, endeudando mas al país ante el bajonazo internacional de las materias primas, no tiene nada que ver con los más humildes como ocurrió en el caso del aumento del salario mínimo, de ahí que la protesta social esta al orden del día y por ello se debe emplazar al gobierno nacional para dar soluciones al pliego de peticiones de 15 puntos, presentado por el Comando Nacional Unitario en el mes de marzo del año pasado, al cual no se le ha dado respuesta.

El gobierno debe fortalecer el diálogo con las organizaciones populares, especialmente las sindicales, y abandonar esa política engañosa que ha manejado durante más de 6 años, así como buscó desesperadamente un acuerdo en Cuba con un grupo violento que lo más notorio que tiene para presentar es el terrorismo con el cual ha amedrentado a la población, ya que al ser las Farc una ínfima minoría pretende mediante el engaño y la complicidad del gobierno con los acuerdos finales, impulsar su proyecto hegemónico para esclavizar a la población, por eso a las Farc poco le interesa la opinión del pueblo o las afugias de las mayorías nacionales, pues los sofismas marxistas leninistas que siguen y que son supersticiosos, le enseñan a despreciar el querer y las aspiraciones de las masas.

Los sindicatos como principales representantes de la sociedad civil, a pesar de ser menospreciados en los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla comunista, tienen que estar preparados para la lucha en el 2017, desarrollando la protesta social y pacífica, basada en la autonomía y solidaridad, principios fundamentales del movimiento de los trabajadores que permite tener independencia frente al gobierno.

Reiteramos que la CGT es la central obrera que tiene capacidad para ponerse al frente de las protestas, acompañada por el Comando Nacional Unitario que conforma con las otra centrales CUT y CTC, reafirmando que la lucha social jamás es un activo del marxismo. Las movilizaciones para las reivindicaciones inmediatas e históricas con un trabajo decente por una vida digna, no pueden ser manoseadas por el comunismo totalitario cuyos intereses burocráticos y estatistas son inversamente proporcionales al de los trabajadores.

En el año que acaba de terminar hay dos hechos notorios que mostraron la política autoritaria del gobierno, no obstante el Premio Nobel que le fue otorgado por el comité noruego al presidente Santos, el primero fue el plebiscito del 2 octubre que perdió el gobierno y la guerrilla frente a la oposición, cuyos resultados fueron desconocidos olímpicamente y no tuvo consecuencias políticas, como si sucedió con el Brexit en el Reino Unido que llevó al primer ministro David Cameron a renunciar, o en Italia en donde el también el primer ministro Matteo Renzi renunció al perder un referendo para cambiar la constitución, pero en Colombia lo único que hubo fue un maquillaje del acuerdo final en La Habana al pasar de 297 páginas a 310, sin ningún cambio de fondo, siendo el punto capital la persecución que se avecina en contra de las personas que han denunciado los crímenes de las Farc en 52 años de vesania, usando la jurisdicción especial para la paz como un gran garrote.

El otro hecho nefando fue la aprobación de la reforma tributaria, que crea una cascada de impuestos a partir del 2017, lo que llevara a la baja del consumo y la producción, incrementándose el contrabando y por ende la pérdida de empleos, con lo cual no se descarta que el país entre en recesión, pues el endeudamiento externo ha sido incontrolado y el crecimiento económico del 2016 fue bastante precario.

El partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, quien lideró el voto por el No del primer domingo de octubre en el Plebiscito, quedó en deuda con las movilizaciones políticas populares que se debían realizar para defender los resultados de la consulta, en donde cerca de 6.5 millones de electores votaron negativamente, mientras que grupos de perdedores con el Sí, se manifestaron la misma semana de la derrota para defender los acuerdos.

En sana lógica la movilización social y política para el 2017 es una prioridad nacional, recalcando que la protestas populares no son patrimonio exclusivo de ningún sector político o ideológico determinado, y la participación en la movilización es una obligación de todas las personas que se sienten afectadas por las políticas sociales, económicas y antipopulares del gobierno de Santos.

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