A los primeros porque limita su labor, a los segundos porque permite la construcción indiscriminada.

Así las dos últimas alcaldías de Bogotá han mostrado dos actitudes contradictorias.

Mientras Gustavo Petro propuso alturas prácticamente libres para las zonas urbanas, a cambio de limitaciones dadas por la obligatoria cesión de áreas, para zonas comunes y ciudadanos en general, Enrique Peñalosa, en una especie de interminable duda metódica, comenzó con la suspensión del anterior POT y la promesa de uno maravilloso, equilibrado y perfecto que al parecer no va a estar listo, sino hasta muy poco antes de que termine su mandato.

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Peñalosa, quien en su mandato anterior estaba 2.600 metros más cerca de las estrellas, parece que ahora está subido en ellas.

Y desde esa alta posición, parecería que su principal interés estuviera en los mega proyectos de urbanizar la ronda del río Bogotá y ponerle ladrillo y cemento a la reserva de van der Hammen.

El actual alcalde centra entonces su atención en urbanizar lo poco que queda de verde, de espacio libre, situación que imitan los municipios vecinos.

Así Chía, Cajicá, Sopó, Tabio, Subachoque, Madrid y Mosquera, entre otros, se han ido llenando desde condominios de casas, con un bajo índice de construcción, hasta conjuntos de edificios de diferentes alturas, que al estilo norteamericano hacen que el paisaje se vuelva una constante línea de cemento.

Con la diferencia de que estos municipios no se han ido llenando de casas con jardines y parques o zonas verdes, sino de edificios de más de seis pisos que limitan la visibilidad, que transforman los territorios verdes y los cielos azules, en inmensos muros de ladrillo y concreto.

En estos casos no hay POT que resista, ya que los alcaldes, aprovechando su potestad, hacen que la norma cambie, para que donde se vendía por hectárea se haga por metro; haciendo que los precios se multipliquen hasta por cinco veces, como lo mostraba un artículo reciente de El Tiempo,
que hablaba como Edith Rocío Peñuela, la esposa del exalcalde de Mosquera Luis Álvaro Rincón, adquirió un lote de 41,400 metros cuadrados por 820 millones de pesos para luego ofrecerlo a una
constructora en 3.800 millones de pesos.

Y no hay que ser experto para reconocer que, ante la indecisión de determinar el desarrollo urbanístico en la el área metropolitana de la ciudad, los constructores se han dirigido hacia los antiguos verdes campos de la sabana.

Es así como el precio de la tierra se ha disparado, la actividad agrícola ha cambiado. La tierra vale como espacio de construcción, y la producción de
alimentos y cultivos como los de las flores han ido disminuyendo.

Ante el cambio de uso y la subida inmensa del precio de la tierra, la corrupción ha imperado y ha tocado las diferentes esferas, tanto del nivel público como del privado.

El POT, por lo tanto, se ha convertido en una herramienta para que los dirigentes se enriquezcan, en ese ejercicio casi de magos y adivinos, donde la tierra multiplica su valor.

Dejando de lado su función de limitar la proliferación de las urbanizaciones, permitiendo que el valor de lo ambiental prime sobre las construcciones indiscriminadas.

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