Colombia se aproxima al fin de la extracción convencional de hidrocarburos. Sus reservas no sobrepasan los 5 años de producción; menos de dos mil millones de barriles. Esta no es una noticia que tome por sorpresa a la industria petrolera o al gobierno nacional. Los estudios de geotectónica y las proyecciones del pico Hubbert así lo señalaron hace más de una década.
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Pese al conocimiento del futuro de los hidrocarburos en nuestro suelo, Colombia ha sido tímida a la hora de pensar en una transición hacia las energías renovables y por tal razón busca continuar la explotación de hidrocarburos apelando a tecnologías alternas a las convencionales. En efecto, la fracturación hidráulica, conocida como fracking, se muestra como una alternativa para incrementar el inventario de las reservas de Colombia en unos tres mil millones de barriles.
Como cualquier actividad humana, el fracking no convecional no está exento de impactos ambientales.
Existe una preocupación adicional y es la posible relación con problemas de salud pública. Es así como en los últimos años grupos de investigación médica han efectuado publicaciones buscando rastrear este potencial nexo causal.
Publicaciones como JAMA, HHS, Johns Hopkins y también la Universidad de Cornell han estudiado el perfil epidemiológico de las poblaciones que viven alrededor de las áreas de explotación de hidrocarburos no convecionales. Los resultados muestran un incremento de las enfermedades respiratorias, potenciales alteraciones endocrinológicas y nacimientos prematuros, entre otras condiciones médicas.
Justamente por razones de salud pública el Estado de Nueva York decidió prohibir el fracking en su territorio; como también lo han hecho Alemania y Francia.
Colombia está cometiendo un error al enfocar el esfuerzo institucional para regular los yacimientos no convencionales sin involucrar al Ministerio de Salud y desconocer los conceptos técnicos de instituciones como la Contraloría General de la República que en el año 2014 emitió una función de advertencia acerca de los potenciales daños generados por el fracking.
La oposición de los académicos y de los activistas ambientales no es un discurso retardatario y opuesto al progreso como algunas orillas señalan con el objeto de minar su importancia.
En efecto, los argumentos científicos están en la mesa y la discusión en relación con la preparación que tiene el país para contener los riesgos relacionados con la salud humana de esta técnica no se ha dado con la altura que demanda.
Si Colombia pretende consolidar la paz en los territorios y con la naturaleza, debe invertir todas las calorías vitales necesarias en reconfigurar el diálogo con la academia y con las realidades regionales. Como lo señala B. Gracian: “la detención prudente sazona los aciertos y madura los secretos”. A los sumo, en el caso del fracking puede resultar más saludable determinar la moratoria que seguir alimentando su fase exploratoria.
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