Opinión

Antonio Morales Riveira

Periodista, escritor. Director del programa "El café Picante" en Youtube.

Contra la gran corrupción, la de la clase política: revolución electoral

Desde hace quince años, debido a los regímenes que hemos tenido, sin duda la corrupción se ha acentuado.

Aunque también se puede observar que la corrupción se ha visibilizado más por una serie de mecanismos propios del país en evolución, en virtud del cual se conoce más; es decir hay una mayor mediatización de la corrupción.

La impunidad sigue siendo la misma, que es una cosa distinta. Pero también, la corrupción ha crecido por la institucionalización mafiosa, y cuando hablo de mafia no estoy hablando solamente del contrabando, del narcotráfico, sino de una mafia fundamentalmente política.

En los gobiernos de Álvaro Uribe se produjo una explosión gigantesca de la capacidad de cooptar al Estado por parte de la delincuencia de cuello blanco, de la capacidad de cooptar a las instituciones en general y de penetrar muchísimo más los sectores privados y financieros, a la par del desafuero paramilitar y una violación gigantesca de los Derechos Humanos.

Llegaron a los poderes personajes de la política que provenían de sectores delincuenciales ya establecidos como el narcotráfico, o que surgieron al amparo de esa especie de dictadura de mayorías institucional que vivimos durante ocho años.

Basta mirar las noticias y los archivos: hay centenares, véase miles de casos de personas mafiosas y corruptas directamente relacionadas con el poder político.

Hoy vemos que la corrupción no es solamente el robo de los dineros públicos, sino la concepción mafiosa de la utilización de lo público y de lo privado en beneficio personal con todo y mermelada, tamales y clientelismo Es decir, no es solamente en lo político como las platas de Odebrecht en las campañas, sino en todos los ámbitos.

O sea tan corrupción es la manera como se hizo reelegir Álvaro Uribe, cambiando un articulito de la Constitución, o la manera como se hizo reelegir ilegalmente el procurador Ordoñez.

Entonces, hay que asociar la corrupción no solamente a esquilmar al Estado y robarse la plata pública o privada, sino a estar incrustado de manera delincuencial para el beneficio propio en el Gobierno, y eso que siempre ha existido en Colombia, se acentuó desde el gobierno de Álvaro Uribe y se heredó y creció de alguna manera también, o siguió en la misma dinámica, en el gobierno de Santos.

Estamos ante ese fenómeno de visibilidad y de crecimiento de la corrupción, por esas coyunturas y por esas causas precisas, históricas, de hace quince años.

Se producen los actos de corrupción que se potencian por los actos de impunidad, es decir por la inoperancia de la justicia, lo cual hace que se produzcan nuevos actos de corrupción. El amparo de la impunidad, es un estímulo inversionista para los hampones, que aumenta la corrupción. Estamos ante una avalancha, frente a una bola de nieve en crecimiento corrupción – impunidad – corrupción.

Colombia siempre fue históricamente un país de corruptos y de corrompidos. Hay gente que es corrompida, es decir, que se somete a las determinaciones de la corrupción y que resultan tan corruptos como los corruptores.

En el país se produjeron hechos tan corrompidos como que durante dieciséis años solo se podían elegir liberales y conservadores. Si se habla de una cultura de la corrupción hay que entender que esa cultura es de la clase política que siempre ha estado ahí. Empero, la clase política cada vez sabe más, sabe robar más, y los bandidos privados también saben robar más, todos son grandes talentos de esa mafia. Y lo público y lo privado van intrínsecamente unidos para atracar a la Nación.

Todo indica que en este caso de Odebrecht, y otros similares, se va a reproducir lo mismo, es decir un escándalo ahogado en cortinas de humo frente una capacidad judicial e investigativa restringida por voluntad propia de los entes. Es de imaginar que desde el punto de vista judicial se van a adelantar una serie de procesos mediáticos que van a conducir a nada. No hablemos en este caso de Zuluaga y de toda la corruptela en relación con Odebrecht del Centro Democrático; hablemos del caso del presidente Santos y de su campaña en 2010.

El Consejo Nacional Electoral es un tribunal al tiempo que un rector de las políticas electorales en el país, y es en consecuencia, un nido de intereses. En estos días le cayó en suerte el caso Santos, la investigación por los dineros de Odebrecht en esa campaña, al magistrado Armando Novoa, el único que no hace parte de las corruptelas históricas que medran allá adentro, es decir, no es ni de la U, ni del CD, ni del Partido Liberal, ni de Vargas Lleras, ni godo.

Lo recusaron dizque por haber hablado antes de tiempo de que considerara el proceso. Pero lo cierto es que Novoa argumenta que tiene que haber un proceso de carácter administrativo y penal porque se cometieron delitos electorales. Y no pasar de agache, como quieren los demás.

Le quieren quitar el caso para que caiga el siguiente en la lista, que es uno de ellos. ¿Qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral y el caso de Odebrecht jurídicamente? Nada. Más a sabiendas de la unidad que produce el hecho de que Santos era el candidato de Uribe en ese momento, en 2010.

Igual va a pasar con el caso de Zuluaga y quizás el único resultado notorio de eso es que la candidatura de Zuluaga no va.

Es entonces necesaria una primera labor fundamental, que es pedir, exigir y potenciar antes que nada una reforma electoral.

Hubo una reunión en días pasados en Cartagena donde llegaron representantes de todos los partidos, la Moe, cuyo propósito era empezar a plantear cuáles serían las características de una reforma electoral. El gobierno ya había lanzado globos, como voto a los dieciséis, voto obligatorio, la financiación total de los partidos y de las campañas por parte del Estado.

Lo coherente sería exigir una reforma electoral anti clientelismo y anti corrupción, que cambie la estructuras de las elecciones. De eso nada.

Que nos garantice en un futuro bastante inmediato que un día haya democracia.

Que se garantice que se dé una representación de lo popular en lo institucional honesta, es decir que no sea el 20 por ciento de los elegidos no corruptos, y 80 por ciento de deshonestos sino al revés, por lo menos…Para eso se necesita una reforma electoral súper drástica y una ley electoral punitiva y penal que ponga en cintura a la bandidocracia.

Es decir que el delito electoral sea intolerable, que desaparezca el Consejo Nacional Electoral, que se garantice la financiación estatal total, que se impida la entrada dineros odebrechticos para la volada de los topes financieros de las campañas, que se impida la entrada de plata extranjera condicionada a negocios acá, que se impida que toda la mermelada sea repartida en las carreteras, en las autopistas y las viviendas, que se acabe de tajo la compa de votos

La reforma electoral (hablemos más apropiadamente de un Revolución Electoral) es el principio de una verdadera lucha contra la corrupción y en adelante vendrá el desarrollo una cultura política limpia, que reemplace a 50 años o más de contra cultura mafiosa. Por lo pronto, seguimos metidos en el fangal.

La próxima semana seguiré comentando, a vuelo de pájaro, los vericuetos históricos de la corrupción.

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