Opinión

Guillermo Franco

Escribo sobre medios, especialmente.

Wikimujeres y las ‘repúblicas independientes’ virtuales

'El despliegue que se le dio en medios al caso de Wikimujeres fue exagerado', me decía un experto en temas digitales.

Argumentaba, con datos ciertos en la mano, que las expulsadas de la comunidad no excedían el 0,2 % de las que habían pasado por ella. Y que le generaba suspicacias el hecho de que el escándalo hubiera sido, precisamente, generado por algunas de ellas.

De pronto, recordé las clases de periodismo investigativo y las palabras de un maestro que, actualizadas para esta coyuntura, serían algo así como que “muchos de los delitos, irregularidades, hechos de corrupción, salen a flote, precisamente, gracias a ese 0,2 %, que no está satisfecho con ‘algo’: con la tajada de un ilícito, por una animadversión, incluso por despecho, entre otras razones”.

El artículo continúa abajo

Aquí ese ‘algo’ pudo haber sido una vendetta entre unas mujeres expulsadas de la comunidad y la líder de ella, la argentina Geraldine Pomato, acusada de ‘nazi’ por su manejo.

El hecho de que haya sido el 0,2 % el que puso en evidencia lo que estaba (¿está?) ocurriendo en esa comunidad de Facebook no le resta gravedad a la denuncia.

Para quienes no están al tanto, ese 0,2 % denunció, esencialmente,  que allí se matoneaba a peluqueros, médicos, negocios. También, a marcas comerciales y que se dejaba de hacerlo una vez se había alcanzado un acuerdo comercial con ellas. Y se atacaba a humildes empleadas domésticas y niñeras por supuestas malas experiencias, llegando al extremo de publicar sus identidades y cédulas, con acusaciones como robo, e incorporarlas a una lista negra y un hashtag llamado #denunciaempleadas.

Aunque hay que partir de la presunción de inocencia, estamos frente a 2 hechos que rondan el Código Penal, pero sutilmente diferentes.

Si bien el primero, el de la presunta extorsión a las marcas para hacer acuerdos comerciales, requiere una investigación y aportar pruebas, el segundo, el de los señalamientos de delitos a humildes mujeres, no tanto: las autoras publicaron sus afirmaciones y las firmaron, lo que en sí mismo constituye una prueba.

¿Prueba de qué? Sin mediar una sentencia judicial, les atribuyeron a las empleadas domésticas delitos o conductas deshonrosas, lo que está tipificado, ni más ni menos, como injuria y calumnia (ni siquiera con la existencia de una denuncia o haberlas ‘cogido’ en flagrancia podrían haber hecho esas afirmaciones o publicar sus cédulas).

Y lo hicieron desde una posición de poder económico, social, intelectual, lo que sería un agravante, si no legal, sí ético.

Cuando Pulzo publicó la historia de las empleadas domésticas, incluyendo pantallazos de lo que decían sobre ellas las integrantes de la comunidad de Wikimujeres, recibió varias llamadas de ‘señoras divinamente’ que amenazaron con acciones legales si no se omitían sus nombres, invocando —y esto es lo más importante— el argumento de que sus afirmaciones fueron hechas en un grupo privado de Facebook. Además, que no habían autorizado su publicación.

¡Quién lo creyera! La privacidad como licencia para matonear impunemente y proteger conductas que rondan el Código Penal. ¡Quién lo creyera! Que para denunciar el maltrato de humildes mujeres hay que pedirles permiso a sus victimarias.

(Ocultar tu identidad nació de la duda. Pero es una concesión tonta porque las pruebas circulan por todas partes).

Lo que hicieron estas ‘señoras divinamente’ con las empleadas domésticas es el mismo tipo de acusación (aunque de diferente calibre) al de ‘violador de niños’ que hizo al columnista Daniel Samper Ospina el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La diferencia es que Samper Ospina cuenta con la solidaridad general y de gente relativamente poderosa que le permitió armar “un equipo de curtidos juristas y jóvenes abogados” para defender su derecho al buen nombre.

Las empleadas domésticas, en contraste, ni siquiera deben saber que están en esta página, no solo porque no son elegibles para una comunidad tan excluyente, sino porque ni siquiera deben tener conexión a Internet. Y en cuanto a solidaridad: solo la consiguen cuando sus casos se vuelven mediáticos. Y ninguna de las activistas de siempre ha salido a defenderlas (las Angélicas L., las Catalinas R., las Claudias L….)

Con el argumento de la privacidad, ‘Wikimujeres’ pretende ser una ‘república independiente virtual’, donde las normas del Estado colombiano no rigen.

¿Privado? Que se les diga a 13.000 personas en Colombia (seguidoras) y 60.000 en América Latina que ‘la muchacha’, ‘la de adentro’, es una ladrona equivale a gritarlo en un concierto, en un estadio de fútbol.

Si este argumento trillado tuviera validez, cosas peores que ocurren en las redes sociales, como el tráfico de drogas o la pedofilia, se podrían amparar en la privacidad de un grupo para seguir su accionar o sostener que no autorizaron a los denunciantes a revelar sus nombres para asegurar la impunidad.

Las Wikimujeres, probablemente, se amparen en el hecho de que, en realidad, al Estado le queda grande incluso acabar con las repúblicas independientes del mundo real de hoy (no las de la Violencia, sino las que incluso se están consolidando en los territorios que dejaron las Farc). A muchas de sus instituciones les queda grande atajarlas. Más aún en el virtual, a veces por negligencia.

Para no ir muy lejos, en el mundo virtual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no ha intervenido para regular la acción en redes sociales de ‘influenciadores’, personajes públicos con muchos seguidores que venden sus publicaciones,  comentarios y opiniones al mejor postor, como una modalidad de publicidad engañosa. En países desarrollados, esto está regulado.

La denuncia de ese 0,2 % de mujeres insatisfechas, y el sentido común, dice que sobre ese perverso modelo de negocios se hace la comunidad rentable, por los menos para sus líderes, no para las seguidoras de la ‘secta’ (como la denominó Félix de Bedout), que creen se hacen un favor y a su secta matoneando a los denunciantes, entre ellos a los medios.

Pero aquí, según la denuncia, el método de convencer a las marcas de invertir era acabar el matoneo.

Probablemente, antes de que el Estado colombiano pueda acabar con esta república independiente, Facebook, que explícitamente prohíbe muchas de las conductas denunciadas, intervenga.

Y si no lo hace, el golpe a la reputación que ha sufrido esta comunidad la hará poco atractiva para cualquier marca. Para que Geraldine lo diga en sus próximas conferencias: ¡así funcionan las redes sociales!

Nota: La versión inicial de este texto calificaba la acusación de ladronas a empleadas de servicio doméstico como del mismo ‘calibre’ del de ‘violador de niños’ que hizo el expresidente Álvaro Uribe a Daniel Samper Ospina. Las 2 entran en la categoría de injuria y calumnia. Algunos pueden encontrar discutible que tengan la misma gravedad.

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