Lo hizo citando ‘varias autoridades’ como fuentes y dándole a Estados Unidos el estatus de juez sobre la propia justicia colombiana.

En el segmento de su sección 1, 2, 3 del 22 de julio, que tituló en su página web como ‘Estados Unidos rehabilita a un buen ciudadano’, la presentadora de CM& —obvio, libreteada por ‘alguien’— interpretó la renovación de la visa de Otálora por parte de Estados Unidos como su reivindicación.

Aunque no es claro si Estados Unidos comparte el alcance de esta interpretación, pues jamás se pronuncia sobre las razones para retirar o renovar una visa, ni las notifica a los medios, lo cierto es que CM& le dio un carácter de autoridad sobre las propias autoridades colombianas que, hasta donde se sabe, no se han pronunciado sobre las denuncias en contra de Otálora.

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Una deducción obvia es que la fuente de la decisión de Estados Unidos de renovar la visa es el propio beneficiario, esta vez Otálora, que seguro hizo su propia interpretación.

Pero CM& explicó que la decisión de Estados Unidos se había basado en que “varias autoridades” habían establecido que no eran ciertos los cargos en su contra por “violación de derechos humanos” y que él había sido víctima “de una campaña de deshonor, lanzada por un par de funcionarios a quienes él mismo nombró en la Defensoría del Pueblo”.

CM& no mencionó con nombre propio ni la autoridad colombiana que había llegado a esta decisión, ni la de funcionario alguno de la Embajada que le hubiera dado esta lectura.

Es claro que Otálora es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y tan mala como la absolución de CM& sería otra condena mediática. Ninguna autoridad colombiana lo ha absuelto ni lo ha condenado.

Las denuncias contra Otálora fueron publicadas en la columna de Daniel Coronell en la revista Semana. En ellas, primero se denunció maltrato laboral contra decenas de empleados; luego, acoso sexual, contra su asistente, la exreina de belleza  Astrid Helena Cristancho.

Un artículo de El Espectador del 2 de mayo de 2016, última referencia sobre el estatus de los procesos, decía:

Han pasado ya tres meses y medio después de estos hechos. La Fiscalía General ha entrevistado a 20 personas para sostener la veracidad de las denuncias de acoso laboral y sexual. Sin embargo, debido a la complejidad del tema, hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo en el caso de Otálora”,

dice El Espectador, que recuerda que también existe un proceso en la Procuraduría.

Mientras no exista una decisión de autoridad colombiana, lo publicado por CM& es simplemente un lavado de imagen que genera muchos interrogantes, sobre el hecho mismo y sobre la ética periodística.

  • ¿A quién le estaba haciendo el mandado CM&?
  • Si eran las opiniones de su director, ¿por qué no fueron identificadas como tales?
  • ¿CM& conoce una providencia sobre el caso que no se ha hecho pública y nos está notificando por anticipado?
  • ¿Este contenido era solo opinión camuflada de información?
  • ¿A qué intereses políticos, económicos o personales obedece? ¿El favor a un amigo?
  • ¿Las secciones de ‘chismes’ de los noticieros, en particular el “1, 2, 3”, se rigen por unos estándares más bajos a los del resto del noticiero, donde se supone que lo que se llama “periodismo con verificación” es una exigencia?
  • ¿Vale aquí publicar sin fuentes, pasar opinión como información… todo porque la niña bonita hace periodismo ‘light’?

Hay un largo trecho entre hacer ‘inocentes’ comentarios en el mismo segmento sobre su equipo favorito, Santa Fe, y un funcionario seriamente cuestionado.

Claramente, CM& está en deuda con estas explicaciones, en especial porque esta nota se produjo en el contexto de una deuda mayor: el noticiero no les ha dicho a su audiencia, en particular, y a los colombianos, en general, cuáles de los contenidos que produjo su experiodista Miller Rubio eran inventados o buscaban favorecer los intereses de delincuentes y amigos, ya fueran los del esmeraldero ‘Pedro Orejas’, el del cartel de los reintegros de la Policía Nacional, o de protagonistas o instigadores de los escándalos en la misma institución.

Rubio y otros periodistas están involucrados en los 3 casos, de acuerdo con la publicación de la revista Semana, que cita fuentes de la Fiscalía.

En el caso del esmeraldero, Rubio intentó desviar una investigación en su contra por una caleta en la que había armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

En el caso del cartel de los reintegros de la Policía, Rubio y otros periodistas no solo servían de enlaces y lobistas, sino que publicaban noticias sobre las ‘injustas destituciones’ de los policías que pedían los reintegros a la institución y las indemnizaciones, y así presionaban a los tribunales.

En los escándalos de la Policía, Rubio y otros periodistas mantenían una fluida comunicación con cuestionados oficiales, algunos de los cuales -según Semana- aparecieron en medios como testigos estrellas “para reforzar algunas denuncias… Lo cual aumentó el caos en la Policía”.

¿Será que Miller Rubio tiene visa? ¿Y si la conceden o renuevan, qué dirá la nota del 1, 2, 3?

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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