La decisión del Alto Tribunal pretende, entre otras cosas, la protección de los derechos de la población más vulnerable que llega a Colombia tratando de huir de la crisis social que vive el país vecino.
La sentencia tiene como base una situación con trabajadoras sexuales venezolanas que se presentó en Chinácota (Norte de Santander), y fue más allá con la prohibición de las expulsiones masivas porque van en contra de los derechos humanos.
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“Se deben valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren si son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas”, agrega la sentencia
Sumado a esto, la Corte establece que a las venezolanas que se dediquen a este oficio se les debe garantizar una visa laboral e, incluso, ser acogidas como refugiadas.
La decisión del Alto Tribunal está dirigida hacia Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y las autoridades competentes que tendrán que garantizar la documentación necesaria para que las mujeres permanezcan en Colombia.
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