El evento tuvo lugar el pasado jueves 21 de septiembre y fue moderado por la periodista, líder de la investigación de acoso y abuso sexual en universidades y subeditora de Vice, Nathalia Guerrero, que habló con cinco representantes de universidades, entidades y grupos que se enfocan en el tema.
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Una de las primeras preguntas que surgió en el debate fue el papel del Estado a la hora de tratar las múltiples denuncias de este tipo que se presentan y que en muchas ocasiones quedan impunes.
Para responderla, Alejandro Venegas, representante del Ministerio de Educación, dijo que:
“Un tema, que no nos quita responsabilidades, es el tema de la vigilancia y el control, la inspección y la vigilancia. Nosotros no somos la autoridad competente en temas de penalización; somos la autoridad competente en temas de investigar e inspeccionar y mandarlo a la autoridad que corresponda”.
Para ello, Venegas asegura que el Ministerio ya está en la tarea de establecer “un protocolo mucho más claro del tema de inspección y vigilancia para este tema, que permita responder rápidamente sobre los casos de acoso”.
En la investigación presentada por Vice resalta el tema de la autonomía de las universidades para afrontar los casos de abuso sexual que ocurren dentro de las instituciones. La publicación señala que la mayoría de universidades considera este tipo de ataques como “males menores” y muchas veces prefieren pasarlos por alto para no entrar en escándalos mediáticos, lo que significa que hace falta un ente que regule las decisiones de los planteles educativos y que los haga cumplir la ley.
Sara Yaneth Fernández Moreno, docente e invetigadora de la Universidad de Antioquia, expresó que:
“La autonomía no es un pretexto para violar la ley ni la constitución. Nadie está supremamente omnímodo para estar encima de la ley que nos regula… Muchos rectores, la mayoría hombres, debo decir, alegan el principio de autonomía, pero no es válido. Es ignorar la obligatoriedad que tienen de cumplimiento de la ley, de la constitución y de las normas vigentes que protegen a los ciudadanos”.
“La autonomía no puede ser una excusa para decir que se violan derechos en un espacio… Las instituciones de educación superior son instituciones de educación, es decir que hay una regulación”, agregó Cindy Caro, trabajadora social de la Universidad Nacional.
Por su lado, Venegas ratificó que “La autonomía universitaria no está por encima de ninguna norma, sería descabellado pensarlo… el Ministerio tiene que hacer que las normas se cumplan sobre lo que tiene que regular, que es la educación superior, y ese es el proceso sobre el cual se hace. Desde ningún punto de vista arropa que se violen los derechos o que haya inequidad de género”.
“Creo que también los espacios universitarios son espacios de alto riesgo sexual para las poblaciones jóvenes y cuando se materializa ese riesgo sexual y se agudiza porque los estudiantes y las estudiantes consideran que por estar en ese medio, que les promete la pureza del mundo de las ideas, bajan la guardia”.
Isabel Cristina Jaramillo, abogada y profesora de la Universidad de los Andes
¿Qué es lo que perpetúa la problemática en las universidades?
Para Fernández Moreno, el patrón que no ha cambiado desde hace más de 20 años que comenzó a estudiar el tema, es el silencio, un problema que se debe erradicar, pues muchos casos quedan olvidados por la “normalización” de no hablar o denunciar.
Sorprendentemente, para Fernández Moreno, muchos de los casos de acoso o abuso sexual no provienen de los estratos más bajos, como se supondría de manera errónea, sino de estratos medios y altos, que se quedan callados ante las agresiones. “Quienes más se quejan y denuncian son personas de los estratos bajos y quienes menos buscan ayuda son personas de estratos medios, que es la franja que más accede a la educación superior”.
“El problema es la normalización y naturalización de estas situaciones”, asegura Sofía Díaz, estudiante de la Universidad de los Andes y miembro de diferentes grupos estudiantiles que tratan el tema.
“Nos movemos en un entorno en el que es normal que yo no vaya y denuncie porque me siento incómoda yendo a denunciar, porque sé de experiencias que no han sido positivas frente a denunciar”.
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