Bedoya citó a El Tiempo la Ley 1257 de 2008, que establece que la violencia de género no es conciliable; “es decir, que aunque la víctima desista de la denuncia, la investigación continúa” y que, una vez se denuncia, “deja de estar en la esfera privada, por eso las autoridades, pase lo que pase, deben seguir aplicando todas las rutas de atención”.
El manejo privado del caso fue anunciado por la mujer maltratada, Marcela González Olaya.
“Agradezco los mensajes de solidaridad, pero este es un tema que vamos a manejar de manera privada y con el amor que hemos decidido formar nuestra familia”, dijo el pasado domingo en 2 videos hechos en diferentes locaciones o en diferentes ubicaciones de una misma locación, lo que hace pensar que fue libreteada.
El lunes, en otro video, que lucía más espontáneo, la mujer volvió a invocar la privacidad para resolver el conflicto, y llegó al extremo de decir que había personas que habían magnificado y tergiversado el caso, a pesar de la divulgación del documento de Medicina Legal en el que se incluye su declaración de los hechos y el diagnóstico que confirma el maltrato.
Nos referimos a los hechos de nuestra vida personal que están siendo divulgados de forma tergiversada y malintensionada con el único propósito de hacer daño a nuestro núcleo familiar y a mí carrera profesional. Bendiciones a todos. pic.twitter.com/e6vImp7wLr
— Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) January 8, 2018
“(…) medios, personas que quieran hacernos daño con un asunto que solamente los 2 como pareja tenemos claro que fue lo que pasó”, dijo.
“Vamos a resolver esto en el ámbito de nuestra vida privada en las instancias que correspondan“, dijo después Rugeles, quien volvió a atribuir la divulgación del caso a una campaña de desprestigio para dañar su carrera.
En la denuncia, la mujer dijo: “Mi pareja me agredió hoy a eso de la una de la mañana; estaba tomando, me rasguñó, me agarró de los brazos, me zarandeó, me botó a la cama, me arrastró por el piso, y me insultó. Él es muy celoso, y me agredió por eso. Ya me ha agredido antes. Lo conozco hace un año, vivimos juntos desde hace cuatro meses. Me tiene hackeado el teléfono y las redes sociales. Él toma trago y mete vicio seguidamente. Es agresivo verbalmente con otras personas. No me ha amenazado de muerte. Pienso que ya llegué al límite y que no aguanto más; quiero devolverme a mi ciudad y olvidar todo esto”.
El caso de González es significativo porque es representativo de la impunidad generalizada por casos de violencia contra la mujer.
Es desproporcionada la cantidad de denuncias comparada con las condenas efectivas. En 2012 se presentaron 30.110 casos, pero sólo 552 terminaron en sentencia condenatoria.
Si González no ratifica su denuncia ante un juez cuando llegue el caso a esa instancia, a pesar de existir el documento de Medicina Legal, Rugeles, como cientos de maltratadores, será absuelto.
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Esto quiere decir que la Ley que dice que la violencia de género no es conciliable es un saludo a la bandera.
“(…) Es tal la desproporción entre las denuncias versus las condenas, que resulta un sinsentido evitar que la víctima desista del proceso si lo desea”, dijo El Espectador en junio de 2016. Y la situación no ha cambiado.
Pero una sentencia de la Corte Constitucional de 2017 “ordena a las autoridades que, aunque las víctimas de violencia intrafamiliar desistan de las denuncias y las medidas de protección, la Fiscalía debe continuar investigando el caso” porque… “no se tiene conocimiento sobre las motivaciones que llevan a desistir de la denuncia”.
La Fiscalía debe investigar si el desistimiento “tiene origen en la voluntad autónoma y libre de la ciudadana que fue víctima de agresión, o si por el contrario tal comportamiento ha tenido lugar por miedo irresistible a la víctima, constreñimiento, amenazas o violencia”, agrega El Tiempo.
La impunidad en este caso podría resultar más aberrante porque Rugeles tiene antecedentes de violencia contra una anterior pareja, en el 2015, por lo que Medicina Legal la incapacitó por 10 días por la golpiza que recibió.
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