“Es un éxodo (…) Hay que cruzar a Colombia a buscar medicinas y alimentos. Es obligatorio”, dijo a la AFP Alí Prieto, entre la multitud que este fin de semana esperaba atravesar el puente internacional Simón Bolívar, vía de alto intercambio migratorio que enlaza a las poblaciones de San Antonio (Venezuela) y Cúcuta.
Desde el viernes se registran en este punto largas filas, envueltas por momentos en el caos debido a nuevos obstáculos legales.
Según el alcalde de Cúcuta, César Rojas, unos 25.000 venezolanos pasaron la víspera hacia territorio colombiano.
Alí, junto con un familiar, pretende abastecerse de comida en Cúcuta y regresar a su casa en San Cristóbal, ciudad vecina de San Antonio. No critica los reforzados controles migratorios, pues considera que Colombia “ha sido muy hospitalaria ante la tragedia que vivimos“.
El gobierno colombiano suspendió esta semana la emisión de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF), que facilitaban el tránsito de venezolanos en la zona limítrofe. Seguirán vigentes, sin embargo, las expedidas hasta el momento, y quienes no las tengan deben presentar pasaporte.
La medida ha sido acompañada por mayores restricciones a lo largo de los 300 metros de trayecto en el puente internacional. Se hacía en pocos minutos, pero ahora cubrirlo puede llevar más de una hora.
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“Me voy del país por mejoras para mi familia y el futuro de mis niños”, contó este hombre de 31 años, cuyo destino es Bogotá. Sus ingresos como textilero en Caracas, disueltos por la hiperinflación (13.000 % para este año según el FMI (Fondo Monetario Internacional), son insuficientes para vivir.
Ante esta llegada masiva de venezolanos, la canciller María Ángela Holguín dijo en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo que en este momento el país debe ser solidario con ellos “porque la situación que viven es dramática. Y es trágica y lamentable la pobreza que padecen”.
Holguín explicó que “no es cierto” que se vayan a autorizar campamentos para refugiados en la frontera, sino que el plan es “adicionar un centro de acogida con mayor capacidad, que será para 2.000 personas y estará ubicado en zona rural, entre Cúcuta y el municipio de Puerto Santander”.
Eso sí, la Canciller anunció en la entrevista que en los próximos días se hará una “caracterización” para identificar qué venezolanos hay en Colombia, en qué lugares están y con qué tipo de documentación.
Además, dijo que “serán deportados todos los venezolanos que la Fiscalía” identifique que estén involucrados en delitos.
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