No quieren que esta figura jurídica se convierta “en un instrumento de reivindicación política de las Farc (…) para afectar a otros actores políticos que ven como competencia, entre ellos al Vicepresidente”, advirtió una fuente anónima a La Silla Vacía.

La fuerza política del vicepresidente Germán Vargas LLeras, que se ha mantenido silente y a distancia en relación con los nuevos acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, cree que es necesario limitar el alcance de la JEP y llevar sus posibles decisiones a una revisión.

“No puede ser que una víctima de extorsión, por un falso testimonio, pase a ser financiador de las Farc”, comentó un Senador de Cambio Radical al portal de análisis político.

La idea es proteger a quienes se sometan a la JEP contra falsos testimonios que, según La Silla Vacía, son el gran temor de Cambio Radical porque podrían “salpicar, sin méritos, a futuros contendores políticos del partido que forme la guerrilla una vez deje las armas”.

Esa garantía solo podría ser viable si el Congreso habilita, durante el debate de incorporación constitucional, la segunda instancia para la revisión de los fallos que profieran los magistrados que sean nombrados para integrar la sala plena de la JEP, señaló el portal independiente.

No obstante, los vargaslleristas esperan que la Corte Constitucional tumbe el camino rápido para la implementación del acuerdo y obligue a que el Congreso emita las leyes para la paz mediante la vía ordinaria.

Esto permitiría introducir más ajustes al nuevo acuerdo y en eso también están esperanzados los promotores del ‘no’, los del lado uribista, porque sería un gran revés para el Gobierno en su aspiración de crear un marco legal que justifique los 6 ejes temáticos claves, entre ellos, la elegibilidad política de los jefes guerrilleros.

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