Uribistas condenados sacarán provecho de pugna entre altas cortes

Por un fallo constitucional, el Centro Democrático pide a la Suprema ordenar "la libertad inmediata" para algunos exfuncionarios de Uribe.

 
Andrés Felipe Arias y María del Pilar Hurtado ya estarían impugnando sus condenas
Fotos: AFP

Gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, personas que trabajaron en el gobierno de Álvaro Uribe podrán demostrar en segunda instancia “la persecución política en sus condenas y la manera en que su derecho al debido proceso y a la defensa fueron ilegalmente violentados”, asegura el partido político en un comunicado.

Entre los exfuncionarios uribistas que ya impugnaron sus condenas están Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt, María del Pilar Hurtado y Alberto Velásquez ya presentó ese recurso, informa RCN Radio.

Por su parte, Bernardo Moreno, Diego Palacio y Jorge Noguera harán lo mismo próximamente, agrega la emisora.

La situación que aprovecharán estos exfuncionarios tiene que ver con un fallo de la Corte Constitucional, emitido en octubre de 2014, que pidió al Congreso regular “integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias” impuestas contra congresistas y altos funcionarios cuyos procesos son resueltos en una sola instancia por la Corte Suprema de Justicia. Esa es la situación de varios parapolíticos.

El plazo que el legislativo tenía para hacerlo era de un año a partir de la notificación por edicto de esa decisión, que agrega:

De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

Según RCN Radio, el plazo se cumple este viernes, y la Corte Suprema de Justicia ha rechazado el fallo de la Constitucional.

Sin embargo, este último tribunal le va a pedir a la Suprema que ajuste el mecanismo para que los funcionarios condenados puedan acceder a revisión de sus sentencias en segunda instancia, explica esa emisora.

La Corte Suprema, por su parte, se ha mostrado preocupada por la situación.

Al respecto, Margarita Cabello Blanco, presidenta de ese tribunal, citada por Caracol Radio, indicó que el problema sería determinar quién es “el superior funcional o superior jerárquico” en caso de que la Sala de Casación Penal “resuelva casar una sentencia y condenar por primera vez”.

“Si es un órgano de cierre, ¿quién sería su superior? Hay muchas dudas en ese sentido que implican a que la Sala Plena haga el estudio correspondiente antes de tomar una decisión”, afirmó Cabello Blanco.

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