Uribe encabezó en Bogotá el acto en el que el principal partido de la oposición en el país, hará oficial su opción por el “No” en el plebiscito, cuya fecha de celebración aún no ha sido definida. 

Emprendemos la campaña por el ‘No’ al Plebiscito porque con la impunidad no muere el odio sino que nacen más violencias; porque estas niegan a las víctimas el derecho a la no repetición de la tragedia; porque la Farc con sus delitos premiados, justificados y sin arrepentimiento, impide a muchos colombianos sentir el alivio espiritual del perdón”,

señala una declaración leída por el expresidente.

Previamente, el senador Alfredo Rangel explicó las razones para optar por el ‘No’ y dejar de lado la abstención como forma de rechazar los acuerdos de La Habana. Rangel es un senador cercano a Uribe, férreo crítico de la negociación con las Farc que desde hace más de tres años se lleva a cabo en Cuba.

El plebiscito fue propuesto por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que sean los ciudadanos quienes tengan la última palabra sobre lo acordado en La Habana, y el pasado 19 de julio la Corte Constitucional dio el aval para su convocatoria. 

Rangel explicó que el Centro Democrático “es un partido que ha tenido una posición muy crítica desde el comienzo de los diálogos de paz” y “a medida que se fueron conociendo los acuerdos”. 

Consideramos que estos acuerdos no garantizan una paz estable y duradera; una paz con impunidad recicla nuevos ciclos de violencia en el país y da un mal ejemplo para las futuras generaciones de que el crimen sí paga”,

argumentó el legislador. 

Rangel calificó como “pésimo ejemplo para las futuras generaciones” el hecho de que “ningún responsable de crímenes de guerra ni de lesa humanidad (de las Farc) pise un solo día una cárcel porque bastará con que reconozca sus delitos para que no sea castigado”. 

Se refirió así al acuerdo de jurisdicción especial para la paz anunciado el 23 de septiembre de 2015, que permitirá juzgar delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, y establecerá dos tipos de penas, una para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no. 

La Jurisdicción Especial para la Paz o de justicia transicional prevé tribunales que buscarán llegar a la verdad de lo sucedido en décadas de conflicto, reparar a las víctimas y juzgar y sancionar a los responsables de los delitos graves. 

Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con “restricción de libertades” en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado. 

Rangel calificó además de “inaceptable, antiético e ilegal” la posibilidad de que se otorguen en el Congreso “curules gratis” a los exguerrilleros. 

De igual forma cuestionó que no se obligue a las Farc, al que describió como el “principal cartel de la cocaína a nivel mundial” y el “tercer grupo terrorista más rico del mundo”, a entregar recursos para reparar a las víctimas y que se declare el narcotráfico como delito político. 

El senador opositor apuntó que de ganar el “No” en el plebiscito “será una ocasión para renegociar, para ajustar y mejorar los acuerdos de La Habana que son indeseables”.

Con EFE

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