Ningún trabajador del Estado quedaría eximido de la prueba, que además de cumplirse regularmente, se podría realizar de manera aleatoria. Ni altos cargos, como congresistas, magistrados o ministros se excluirían de esta responsabilidad, de acuerdo con el proyecto, presentado además de Uribe por el también senador del Centro Democrático Samuel Hoyos.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es garantizar que en el ejercicio de las funciones públicas no estaban bajo los efectos de ninguna sustancia alucinógena, señala El Espectador.

La propuesta, sin embargo, no implica la pérdida del empleo para la primera vez que una persona salga positivo por el consumo de alguna sustancia prohibida, sino que esta sanción solo se aplicará en caso de reincidencia.

Lo que haga una persona en su casa es problema de ella. Lo que pasa es que, por ejemplo, un conductor de un bus escolar ya no sería un problema individual, sino que está comprometiendo la seguridad de los 20 niños que lleva al colegio. O no se puede salir a alegar libre desarrollo de la personalidad cuando un piloto maneja un avión mientras consume cocaína y lleva 300 personas cuya seguridad depende de él. Lo mismo pasa con un soldado, un policía, un vigilante, mientras están portando armas en ejercicio de sus funciones: si se ponen a consumir heroína son un peligro para la sociedad”,

dijo el representante Hoyos al Espectador.

Respecto de los cargos del Estado, en especial el del Presidente, Hoyos dijo que dada su responsabilidad, se requiere que se someta al examen.

Un presidente toma decisiones que comprometen a 48 millones de personas y uno espera que las tome sobrio, que no esté bajo los efectos de la cocaína e incluso del alcohol cuando está definiendo, por ejemplo, asuntos de seguridad nacional. Los servidores públicos tenemos la obligación de dar un ejemplo a la sociedad, y más cuando se trata de un aspecto tan sensible para los colombianos, pues parte de la tragedia que hemos vivido ha sido por el narcotráfico”,

señaló Hoyos, fuerte opositor al gobierno.

La idea no le suena del todo al presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, para quien la propuesta vulnera el derecho a la intimidad de las personas.

Aunque es positivo que el Centro Democrático esté en la tesis de que el problema del consumo de drogas deba ser tratado como un asunto de salud pública y no de policía, no comparto la tesis de que el Estado pueda transgredir la intimidad de las personas”,

dijo Velasco.

La propuesta del uribismo contempla la creación de centros de atención para personas adictas para que reciban, por cuenta del Estado, la dosis que requieran con seguridad, como una medida para rehabilitar a las personas que acudan a esos lugares.

Se trata de una propuesta similar a los centros de atención que creó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que fueron muy cuestionados en su momento.

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