Sin embargo, según esas fuentes consultadas por la revista, el informe es confidencial y por eso sus resultados no se pueden publicar.
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En ese sentido, dice Semana.com, no hay certeza sobre el contenido del documento: “El solo hecho de que se confirme la entrega no es garantía, en tanto es solo un funcionario quien lo conoce”.
El funcionario al que se refiere la revista es justamente Eduardo Montealegre. ¿Por qué? Esa publicación consultó a dos dependencias de la Fiscalía, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión y la Unidad de Análisis de Contexto, que respectivamente le respondieron lo siguiente:
El señor fiscal es el que recibe los productos de Natalia Springer. Prórroga (después del 29 de febrero) no tuvimos”.
Este despacho no tiene nada que ver con la auditoría de ese contrato y corresponde al despacho del fiscal general”.
La primera oficina es la que maneja el tema de la contratación de la Fiscalía y la segunda, la que debería haber recibido los estudios de Natalia Springer, según Semana.
Cabe resaltar que en principio el ente acusador había acordado que la entrega del informe final de la analista se tenía que entregar el 31 de diciembre de 2015.
Pero, Semana reveló hace un mes, con base en una fuente de la Fiscalía, que a Springer le prorrogaron ese plazo hasta el 29 de febrero de este año.
Lo curioso de este asunto es que, según los documentos del millonario contrato, la entrega final debe incluir contenidos para “presentación pública”:
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